martes, 15 de octubre del 2024

El juez archiva el caso Pegasus excusándose en la “absoluta falta de cooperación» jurídica de Israel

Con el objetivo de averiguar quiénes estuvieron detrás del espionaje, el juez remitió hasta cuatro veces una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la declaración como testigo de su máximo responsable, que ha pasado de dar explicaciones.

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha archivado la investigación por el supuesto espionaje con el programa informático Pegasus y la infame red espía que causó, como la del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detectado hasta en cinco ocasiones, así como el de tres ministros, y ante la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel.

Unos hechos que han “puesto en jaque la propia seguridad del Estado”, según afirma el juez en su auto, donde lamenta “la frustración de la investigación” por la falta de colaboración de Israel, que ha impedido investigar quiénes fueron los autores, “abocándonos, de forma indefectible” al archivo provisional.

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Desde mayo de 2022 el juez ha investigado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez mediante el programa Pegasus, y también de los de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, entre 2020 y 2021.

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Con el objetivo de averiguar quiénes estuvieron detrás del espionaje, el juez remitió hasta cuatro veces una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la declaración como testigo de su máximo responsable. Para ello, a lo largo de estos meses, amplió la solicitud de cooperación jurídica y envió hasta dos recordatorios, sin éxito.

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La falta de respuesta de Israel lleva al juez a asumir que desde su juzgado “poco o nada puede hacer” para que la investigación avance, y considera que “solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación”.

“Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España”, señala.

 

 

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