El Tribunal Supremo (TS) podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante una hipotética ley de amnistía que afecte a los procesados por el alto tribunal, así como elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podrían paralizar la aplicación de la amnistía.
Fuentes jurídicas han explicado que no solo el instructor del Procés en el Supremo Pablo Llarena, sino que cualquier juez del territorio que dude de la constitucionalidad de la ley puede plantearlo así ante el Tribunal Constitucional.
Los primeros recursos contra los indultos -presentados por Vox y por Cs- que han llegado al Supremo son los que afectan a los entonces líderes de las entidades Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. En la actualidad, no llega al centenar los procedimientos penales abiertos por el Procés, si bien luego hay otros administrativos (multas) que tienen otra consideración.
Así, en caso de aprobación de una ley de amnistía, Llarena y el resto de jueces que instruyan causas relacionadas con el Procés tienen que aplicar la ley, aunque previamente hayan elevado una cuestión de inconstitucionalidad. “Ningún juez puede negarse a aplicar la ley, aunque tenga sus dudas, no se puede dejar en suspenso a la espera del TC”, añaden las fuentes.
