La justicia belga ha admitido a trámite una querella de la ONG Plataforma per la Llengua -Plataforma por la Lengua- que acusa al estado español de ciberespionaje. La entidad denuncia que España espió a los teléfonos móviles de miembros de la dirección de la organización que viven en Bélgica.
Por tanto, se trataría de ciudadanos europeos espiados fuera del estado español para hacer activismo por la lengua. En la querella se piden dos cosas: que España identifique al responsable del teléfono que infectó a los móviles de los espiados, y que el Eurojust, la agencia de la Unión Europea sobre cooperación judicial, investigue si España ha seguido los pasos legales para investigar teléfonos en Bélgica.
El caso está en fase de instrucción, pero supone un nuevo giro en las investigaciones en torno al Catalangate de espionaje a políticos, activistas y abogados independentistas porque sobrepasa las fronteras del Estado.
Plataforma per la Llengua se define como «una organización no gubernamental con más de 25.000 socios que quiere promover la lengua catalana como herramienta de cohesión social».
