viernes, 01 de marzo del 2024

El escándalo se hace oficial: Una comisión de la Eurocámara concluye que España espió con Pegasus a independentistas catalanes

La infamia de oficializa según el informe de la Comisión: "Se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas", señalan las conclusiones, pidiendo a España que los espiados accedan a la autorización judicial que lo permitió. A la vez que indica que España adolece respetar los derechos fundamentales, porque en el marco jurídico en España "son necesarias algunas reformas".

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Aunque en Catalunya ya se sabía, mientras el Estado español lo negaba y giraba la cabeza hacia otro lado, es ahora Europa quien lo reafirma. La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el Caso Pegasus asumió este lunes que fueron las «autoridades españolas» quienes espiaron a políticos independentistas catalanes, concretamente a 18 de ellos con autorización judicial. El Gobierno español siempre ha defendido en el Congreso de los Diputados que estas infames investigaciones «se efectuaron con autorización judicial» y que está obligado a guardar secreto sobre las mismas.

La comisión pidió a España que asegure que estas personas tengan acceso a la autorización judicial del Tribunal Supremo a que se les espiase. «Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas«, señaló el informe con las conclusiones de la comisión, tras más de un año de trabajo.

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El informe de la comisión del Parlamento Europeo, que fue aprobado por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, apuntó también a Marruecos como el «posible» responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las recomendaciones forman parte de los documentos producidos por esta comisión parlamentaria tras más de un año de trabajo explorando el uso de este tipo de software en diferentes países de la Unión Europa, y que desde el principio dedica a España un espacio destacado tanto por el espionaje al entorno independentista catalán como por el que denunciaron haber sufrido miembros del Gobierno español.

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Eurodiputados protestaron contra el espionaje ilegal de Pegasus contra Catalunya.

Así, esta comisión parlamentaria pide a España investigar de manera «completa, justa y efectiva» todos los supuestos casos del uso de estos programas. En esta investigación, matizan, se incluirían los 47 casos del entorno independentista catalán «para los que no está claro si fueron espiados por el CNI por orden judicial o si alguna otra autoridad había recibido órdenes judiciales para espiarles legalmente», así como el espionaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros.

Los eurodiputados de esta comisión piden además que «España coopere con los tribunales» para asegurar que las personas espiadas tengan acceso a remedios legales significativos y que las investigaciones judiciales se concluyan los antes posible y de manera imparcial y exhaustiva.

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El texto insta al Gobierno a emprender la reforma del marco legal del CNI anunciada por Sánchez en mayo de 2022 para, según dijo, «reforzar las garantías de control con máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas» y a que invite a Europol a las investigaciones para que «aporte su experiencia técnica».

En general, el texto viene a decir que en España adolece respetar los derechos fundamentales, porque el marco jurídico en España «está en línea con los requisitos de los tratados de la Unión Europea» pero «son necesarias algunas reformas» y su puesta en marcha en la práctica debe «estar completamente alineada con los derechos fundamentales y asegurar que se protege la participación pública».

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