Se aprueba el ‘bono joven’ al alquiler de 250 euros para menores de 35 años

El Consejo de Ministros ha aprobaba este martes el real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 432 millones de euros; el bono joven de ayuda al alquiler, consignado en los presupuestos con 200 millones de euros, y el anteproyecto de ley de arquitectura. Mientras continúan los desahucios y los fondos buitres o grandes tenedores, son los que harán el mejor negocio con esos inmuebles.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto incluir el anteproyecto de ley de vivienda en este paquete regulatorio, la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial lo impide y no será previsiblemente hasta febrero cuando pueda enviarlo al Congreso, si el CGPJ da finalmente luz verde a su dictamen en el pleno que ha convocado para el 27 de enero.

El plan estatal de vivienda 2022-2025 establece un nuevo paquete de ayudas para la población vulnerable, así como para los promotores de vivienda en alquiler asequible, mientras que el bono joven de alquiler (250 euros mensuales) está dirigido a los menores de 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Para la ejecución del plan de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) suscribirá convenios de colaboración con las comunidades autónomas y condicionará la financiación estatal a que estas cofinancien las medidas en determinados porcentajes que especifica el texto.

Con subvenciones de hasta el 100% de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos especialmente vulnerables, el plan de vivienda abunda en el cambio de modelo iniciado por el plan 2013-2016 hacia el fomento del alquiler con carácter prioritario.

Aunque mantiene la limitación de 600 euros de renta, ampliable a 900, del plan anterior (2018-2021), sube las subvenciones del 40% al 50% de dicha renta para familias que ingresen tres veces o menos el IPREM.

También prevé ayudas para que los jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a tres, cuatro o cinco veces el IPREM alquilen o compren casas en pueblos de menos de 10.000 habitantes y medidas para aumentar el parque público de alquiler con viviendas cedidas por la Sareb y otras entidades, empresas y particulares.