La Fiscalía ha hecho hoy pública su postura sobre el asunto del que fuera diputado por Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Y lo ha hecho de manera clara y contundente: «Significa única y exclusivamente que, durante el tiempo de un mes y quince días que se fije tal liquidación, Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos, ni más ni menos».
Así se expresa la Fiscalía en su informe emitido y hecho público hace unas horas. Responde así a la solicitud que el propio Rodríguez realizó al Supremo en la que pedía que aclarasen en qué términos debía interpretarse la condena establecida por la Sala Segunda.
Cabe recordar que la Sala Segunda condenó al entonces diputado a un mes y quince días (45 días) de prisión, como pena principal, y a la limitación de su derecho de sufragio pasivo (ser elegido como cargo electo) durante el mismo tiempo de la condena. Una pena que no está contemplada en el Código Penal, pues no existen penas inferiores a tres meses de prisión, por lo que obligatoriamente deben ser «convertidas» en multas sustitutivas. Algo que Rodríguez cumplió pagando la sanción correspondiente.
Sin embargo, en un primer momento la mesa del Congreso decidió que Rodríguez no debía entregar su escaño, basándose en un informe de los servicios jurídicos parlamentarios, para después, reunirse de nuevo y considerar la Presidenta Meritxell Batet que su escaño debía serle retirado. Una decisión que ha generado disconformidad entre la bancada de Unidas Podemos, formación que ya ha abandonado el canario a raíz de toda la disputa generada. Incluso desde las propias filas del PSOE, partido al que pertenece Batet, las posturas eran también encontradas: ha habido manifestaciones públicas como la de Odón Elorza en el sentido de considerar que Rodríguez no debería haber perdido su escaño.
La decisión de Batet tuvo repercusiones inmediatas: el diputado dejó su acta y se dió de baja de Unidas Podemos, al tiempo que anunció tomar medidas legales sobre lo ocurrido. En primer lugar, poniendo el asunto en manos del Despacho Boye-Elbal, se procedió a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia del Supremo hasta obtener respuesta a su petición.
También solicitó al Supremo una aclaración sobre la condena, para que fijase los términos de manera clara y concreta, que es precisamente el documento que hoy ha publicado la Fiscalía. Con esta respuesta, Rodríguez ha solicitado a la Junta Electoral Central que emita también una respuesta calculando el tiempo de ejecución de su actual condición.
