Puigdemont: el Supremo no era competente para pedir el suplicatorio en la Eurocámara

Los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí alegan en la causa al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para reclamar su inmunidad que el Tribunal Supremo no era «competente» para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo. Según el resumen del caso publicado por TGUE, los tres se quejan de que la Eurocámara no respetó su derecho a un tribunal establecido por la ley cuando aceptó la petición del Supremo para levantar su inmunidad. La defensa de Juntos ya se había quejado de esto desde el inicio del suplicatorio, así como de «irregularidades» durante el procedimiento, que ahora se incluyen en la demanda contra la cámara para levantar la protección a los independentistas que tienen una euroorden pendiente por la causa del 1-O.

Así, los eurodiputados de Juntos acusan al Parlamento Europeo de no haber gestionado de forma «imparcial» su caso, «de apartarse de los criterios» aplicados anteriormente en procedimientos similares y de «vulnerar su derecho a ser escuchados» y » acceder a documentación «. Además, los independentistas alegan que no se «motivó de manera suficiente y adecuada» ni la aceptación del suplicatorio ni «varias decisiones» durante la fase al Comité de Asuntos Legales presidido por el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez .

Por último, denuncian «falta de claridad» sobre «el alcance de la suspensión de la inmunidad». Es decir, que implica realmente perder esta protección parlamentaria. En este sentido, la defensa de Juntos añade que la práctica habitual del Parlamento Europeo es «no suspender la inmunidad de los eurodiputados a efectos de su detención si no hay una condena», como es el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Los tres mantienen ahora mismo la inmunidad gracias a unas medidas cautelarísimas que decretó TGUE en junio a la espera de analizar las observaciones de la cámara. Sus servicios jurídicos ya han dado este paso y piden que se les retire de nuevo mientras se juzga el caso a Luxemburgo, que podría tardar más de un año en resolver la disputa.