No es habitual que una institución emita un comunicado para reivindicar su propia independencia. Pero el Tribunal de Cuentas acaba de hacerlo para defender su gestión ante las críticas que está recibiendo, principalmente por su composición y por la toma de decisiones que vienen marcadas, sobre todo, por la reclamación de cinco millones de euros a los independentistas catalanes.
El comunicado subraya que los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal y no pueden ser modificados por otras instancias ni ser recurridos. Un hecho que no es cierto, puesto que sus sentencias sí pueden recurrirse por la vía administrativa, concretamente ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Sobre todo las críticas recibidas en estos días vienen por los perfiles de los consejeros y de la propia presidenta: la práctica totalidad (salvo un par de excepciones) vienen nombrados por el Partido Popular y entre ellos hay casos flagrantes de relaciones familiares, vínculos sobradamente sorprendentes con personas del partido popular, o la propia trayectoria de algunos de ellos dentro de las filas del partido político.
Por ello, se han visto en la situación de tener que emitir un comunicado donde señalan que «son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado» y por ello se consideran independientes e inamovibles conforme a la Constitución.
Señalan que el Tribunal de Cuentas «está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes». Una afirmación que sería, cuanto menos, cuestionable, puesto que ha habido varias sentencias, entre otras del Tribunal Supremo, que ha tenido que tumbar nombramientos precisamente por saltarse los criterios establecidos para «colocar» a familiares o amigos pasando por encima de candidaturas que, cumpliendo con los requisitos, no fueron contempladas.
Además, recuerdan que su función es «contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional», algo también cuestionable, a tenor del proceso que están abriendo ahora mismo contra los independentistas catalanes, o de la sentencia que condenaba en un primer momento a Ana Botella y que fue tumbada por consejeros afines a la familia Aznar.
Lea a continuación el texto íntegro que puede encontrar en la propia página web del Tribunal de Cuentas
«Ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional (artículo 136 de la Constitución Española) que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico.
Ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función. Los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos. El destinatario principal de dichos informes son las Cortes Generales.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos.
Los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución. El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes.
La misión del Tribunal de Cuentas es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.»
