La politizada justicia española ayuda a los alcaldes franquistas a mantener la simbología en las calles

No hace muchos días, el Gobierno «más progresista de la historia» sacaba pecho de la nueva ley de memoria democrática, que en teoría debería obligar a retirar cualquier simbología franquista de las calles de toda la población española.

Un gesto que muy pocos municipios han aplicado, y todos los alcaldes contrarios a esta nueva ley están aprovechando la falta de jurisprudencia clara en materia de memoria histórica para eludir la ley y, con la ayuda de unos tribunales españoles que avalan sus trapicheos, evitar retirar ningún tipo de símbolo, mención, placa o insignia que se vincule con la guerra civil o la represión de la dictadura.

De hecho, más allá de las calles, Vox, junto con Cs y PP, están promoviendo justo lo contrario: retirar a Francisco Largo Caballero de las calles de Madrid, en una nueva interpretación de la ya citada Ley de Memoria. La propuesta defendida por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, salió adelante con el voto a favor de los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas.

Según explica un abogado especialista en el diario Público, «apenas ha habido jueces que hayan condenado ayuntamientos a elaborar el catálogo de vestigios; la gran mayoría lo rechazan apelando al derecho de petición». Son los mismos afectados los que tiene que defender su obra, como Pepe Noja, autor de la escultura de Largo Caballero, que advierte al alcalde de Madrid que emprenderá acciones legales si se daña su obra.