Atención: Interior no aplicó una normativa europea que habría podido descubrir al comando del 17-A en Catalunya

Sobrecogedoras conclusiones de las defensas de las víctimas de la matanza de Las Ramblas barcelonesas en 2017 al imputar "responsabilidad directa del Estado por negligencia y dejación de funciones", al no haber aplicado el reglamento de la UE 98/2013 de control de la venta de las sustancias con las que la célula yihadista fabricó los explosivos que estallaron en Alcanar, así como por "la evidente relación que mantenía el cabecilla de la célula terrorista con los servicios de inteligencia españoles".

Los abogados que defienden a los padres de, Xavi Martínez, el niño de 3 años asesinado en los atentados del 17-A en Catalunya, han puesto de manifiesto en sus conclusiones provisionales previas a la vista oral un incumplimiento de las obligaciones del Estado español «que inexplicablemente ha sido omitido en todos los informes policiales», así como en los escritos del juez instructor y de la Fiscalía, y que si se hubieran aplicado, como requiere la normativa europea, habrían descubierto las operaciones del comando terrorista antes de que cometiera sus atentados.

De su escrito de 136 folios, en las páginas 22 a 24, al que ha tenido acceso Público, los cuatro abogados –defensores, por extensión, de todas las víctimas de la masacre yihadista, ya que sus gastos se financian mediante crowdfunding–exponen «la abrumadora facilidad con la que un grupo de jóvenes pudieron hacerse con grandes cantidades de productos que pueden ser convertidos, con relativa sencillez, en explosivos de gran potencia«.

De hecho, uno de los tres supervivientes de la célula terrorista que irán a juicio (Said Ben Iazza) prestó a los asesinos su documentación, con la que adquirieron sin problemas 480 litros de peróxido de hidrógeno, 500 litros de acetona, 25 litros de ácido sulfúrico, 20 bombonas de gas GLP, diverso material electrónico para detonadores y material de laboratorio en diez diferentes localidades catalanas y valencianas

Dichas compras demuestran que en el verano de 2017 el Ministerio del Interior no estaba aplicando, pese a estar España en nivel 4 de alerta antiterrorista, el «Reglamento (UE) nº 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero del 2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos –por lo que ahora nos interesa, sustancias como el Peróxido de hidrógeno, acetona y ácido sulfúrico que sirvieron para fabricar el triperóxido de triacetona (TATP)–, que era de aplicación Directa desde el día 2 de septiembre del 2014 –como establece el propio Reglamento–«, explican los letrados en sus conclusiones. . La defensa pide también investigar nuevas pruebas sobre la relación del CNI y el imán de Ripoll en 2016.