domingo, 14 de agosto del 2022

El Estado oculta gastos de la monarquía alegando cuestiones de «seguridad» y veta varias preguntas

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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La Ley de Transparencia española, no es transparente, ni es ley, sino otro invento pseudo-corrupto #MarcaEspaña más. Desde finales de 2014 el Estado ofrece la posibilidad de preguntar libremente sobre cuestiones relacionadas con la Casa Real, pero tiene sus herramientas legales para no tener que dilucidarlas o hacerlo solo parcialmente.

La «inadmisión a trámite», por ejemplo, de la pregunta formulada en este caso por el diario Público en torno a los gastos de la luna de miel de Letizia Ortiz y Felipe de Borbón es uno de los últimos ejemplos del muro contra el que han chocado distintas consultas que afectaban, de una forma u otra, a la monarquía española.

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Según obra en distintos expedientes, desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia la administración ha vetado distintas preguntas, la mayoría relacionadas con aspectos económicos y de seguridad. La mayoría de esas consultas fueron desestimadas o parcialmente respondidas durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, aunque también hay algunas registradas desde que Pedro Sánchez está al frente de La Moncloa.

La Ley de Secretos Oficiales de Franco, como con la venta de armas al exterior, facilita el hermetismo en democracia.

Así consta también, por ejemplo, en la respuesta a una pregunta formulada en 2015 sobre a cuánto ascendía entonces «el gasto anual en seguridad de los reyes». En ese documento, Interior señalaba que «la difusión de información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas de los servicios de seguridad» podía afectar «a la eficacia de los dispositivos de protección y, por tanto, poner en riesgo a las personas protegidas», por lo que decidió «no conceder el acceso a la información solicitada».

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Ese mismo año, el Ejecutivo del PP recurría a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo para reivindicar el carácter «reservado» de la información relacionada con «los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos».

De esa manera, el Gobierno de Rajoy se negaba a responder sobre el «coste de seguridad de los desplazamientos» del rey Felipe VI, alegando que una respuesta positiva a esa petición, «además de alejarse de los objetivos que persigue» la Ley de Transparencia, «supondría comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma».

Boda de los reyes de España Felipe VI y Letizia Ortiz.
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