El Estado se esconde bajo la Ley del dictador Franco para ocultar datos sobre la venta de armas

España sigue teniendo un problema con el dictador Franco. Se está hablando ahora más de él que en los últimos cuarenta años. Y no es por capricho, los designios del golpista siguen estándo incrustados en la sociedad española de alguna manera u otra y, cada cierto tiempo se destapa algo que lo corrobora. España no es democrática ni libre en sus acciones como Estado en pleno siglo XXI. Este es un ejemplo.

El secretario general de Podemos Motril, Paco Contreras, lleva varios días esperando que la Subdelegación del Gobierno en Granada y el ente público Puertos del Estado le informen sobre las razones de la escala del barco saudí Bahri Hofuf en el puerto de esa ciudad. Lo preguntó antes de la llegada del buque, registrada en torno a las seis de la mañana del martes. Las horas pasaron, el barco se marchó y Contreras se quedó sin ningún tipo de respuesta.

“No hemos recibido absolutamente nada”, confirma el responsable local de Podemos por teléfono. De nada han valido sus gestiones ante la Autoridad Portuaria de Motril para tratar de obtener algún dato sobre la visita del Bahri Hofuf, un barco que habitualmente participa en el traslado de armamento hacia Arabia Saudí. Ya hemos escrito sobre el tema de las armas con ese país.

En noviembre pasado la cadena norteamericana CNN reveló que ese mismo buque había atracado en Yemen para descargar material bélico. Para entonces, los ataques saudíes contra la población civil de ese país acumulaban, según estimaciones de la ONU, más de 200.000 muertos. Unos 100.000 eran niños menores de cinco años.

Ahora que un barco de la naviera pública saudí Bahri visita España, según indica Público, surgen interrogantes que el Gobierno de turno evita responder con claridad. Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace, advierte que ese hermetismo hunde sus bases en una norma de la dictadura: “Es una cuestión completamente opaca porque está protegida por la Ley de Secretos Oficiales del franquismo”, apunta la jurista.

El texto en cuestión data de 1968. Allí se establece, entre otras cosas, que es el Consejo de Ministros el que debe decidir qué materias son clasificadas. “El secreto de Estado está protegido frente a cualquier petición de información, incluso de la propia justicia”, señala Ruiz-Huerta.