jueves, 11 de agosto del 2022

Indecencia facha: La coalición PP-Cs en Zaragoza hace validos los crímenes del franquismo

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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La politizada justicia española hace cómoda la impunidad jurídica. Especialmente sobre los casos abiertos por las atrocidades del dictador Francisco Franco. Está impunidad fue elaborada a partir de la Ley de Amnistía, y los reparos del Estado español a la justicia universal llevan camino de engullir y de sepultar bajo un silencio judicial los crímenes del franquismo. Así está pasando en Zaragoza. La deriba de España en indecencia democrática y fascimo solo significa más atraso en todos los sentidos.

Alrededor de una treintena de víctimas han pedido el amparo del Tribunal Constitucional tras ratificar la Audiencia Provincial, el sobreseimiento de la querella que presentaron con el apoyo del ayuntamiento de la capital aragonesa hace poco más de un año. Según coinciden los autos de archivo de la Audiencia y del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, «El proceso penal tiene una misión específica, hacer recaer un reproche social y jurídico sobre quien resulte responsable de un delito”.

Exhumación de ajusticiados por Franco, en Velilla de Jiloca municipio perteneciente a la comarca de Calatayud, provincia de Zaragoza . Foto: ARICO
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Pero para esta audiencia con tintes antidemocráticos, el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal. Esta es una causa de la que se apartó el consistorio apenas mes y medio después de que la coalición PP-Cs de Jorge Azcón y Sara Fernández relevara a ZeC y comenzara a dar la espalda al memorialismo de manera indecente y amoral. Dandole la espalda a las victimas de manera ostentosa y ciega.

Ni una ni otro ven motivos ni cauces para investigar, tal como indicaba Público, los más de cien asesinatos, torturas y secuestros de demócratas perpetrados en la capital aragonesa por los sublevados y la dictadura entre 1936 y 1977 y denunciados por el consistorio y por 33 familiares de 36 de esas víctimas, entre las que se incluyen quince concejales y alcaldes y treinta funcionarios municipales. De hecho, la indecencia es tan grande, que el primer archivo de las diligencias fue decretado sin que el juzgado hubiera desarrollado una mínima instrucción de la causa.

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