miércoles, 24 de abril del 2024

El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones al gobierno de Puigdemont por el 1-O

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todo su Govern la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el 1 de octubre, que ha cifrado provisionalmente en 4.146.000 euros. El órgano fiscalizador celebra desde las 9.30 horas de este martes una vista en la que han conocido la cifra en la que el instructor del procedimiento calcula presuntamente se desviaron para el democrático y participativo 1-O.

El órgano fiscalizador ha citado a partir de la 09.30 horas a las defensas de Puigdemont, el que fuera su ‘número dos’ en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 29 personas, entre ellas exconsellers y altos cargos para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se ha malversado para celebrar el 1-O.

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Esta cifra es aún provisional, pues el Tribunal de Cuentas ha dado hasta las 11.30 horas de plazo para que los representantes legales de los investigados estudien el acta de liquidación y presenten las alegaciones pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe.

Una vez concluya este trámite se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

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Durante la vista, los abogados de los 31 citados, así como los condenados por el Supremo, así como exaltos cargos de la Generalitat, intentarán retirar la infame cifra requerida o al menos rebajarla de cara la liquidación definitiva que, en caso de impago, comporta el embargo de bienes. Se prevé que se prolongue durante horas; la del 9-N duró alrededor de cuatro y el procedimiento fiscalizador entonces se dirigía contra menos personas.

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