lunes, 15 de agosto del 2022

La Abogacía pretende avalar ya los beneficios penitenciarios para Junqueras como un ‘gesto’

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Parece que la posición de ‘alejamiento’ de ERC va a proporcionar algún cambio en estos días. La Abogacía del Estado continúa trabajando en el escrito que debe presentar ante el Tribunal Supremo sobre los efectos de la inmunidad de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero esta no entregará su escrito este viernes y aleja una investidura antes de Reyes. Aunque el Gobierno confía en presentar el documento de alegaciones sobre la inmunidad de Junqueras el lunes 30, lo que ya haría difícil que se pudiera cerrar el acuerdo con ERC y fijar el pleno para el 2.

Tapadera de ‘Beneficios penitenciarios anticipados

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Según indica El Confidencial una de las opciones que ha barajado la defensa del Estado es el apoyo en ese informe a la concesión de beneficios penitenciarios anticipados para el líder de ERC. La propuesta está sobre la mesa junto con la defensa, ante el tribunal del ‘procés’, de otras ya mencionadas como el permiso puntual para la recogida del acta de eurodiputado o la libertad más amplia aunque temporal, mientras se espera la tramitación de un suplicatorio por parte de la Eurocámara.

Con la investidura de Sánchez pendiente de un solo papel y todos los ojos puestos en el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, se asegura que se ha barajado la posibilidad de considerar el fallo del tribunal de Luxemburgo como un motivo más que avale la concesión anticipada de la semilibertad que ofrece el tercer grado o que dé cobertura a una aplicación del conocido como 100.2 del reglamento penitenciario, que abre la puerta a salidas ampliadas sin necesidad de progresión de grado.

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Un ‘Paripé’ realizable

La mención sería, en caso de realizarse, doblemente simbólica pero en absoluto práctica, dado que ni la Abogacía decide sobre la situación de Junqueras -que depende del criterio que tomará el Supremo tras las navidades con los informes de todas las partes- ni tiene competencia alguna en materia penitenciaria.

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Se limitaría para hacer en forma de ‘paripé’, aunque realizable, a una alusión al alcance del fallo europeo para su condición de penado. Un guiño en toda regla que podría acoger la Generalitat como trampolín para futuras decisiones sobre el cumplimiento de la condena de prisión.

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