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Un nuevo y flagrante caso de corrupción de Estado. Otra vez la Policia haciendo lo que se le antoja bajo el manto de los partidos nacionalistas españoles. Lejos de actuar como lo hace en Catalunya contra simples manifestantes o activistas, que a la hora de localizarlos y detenerlos no dudan en hacerlo de madrugada, como ya se explicó desde las Repúblicas, en estos caso se saltan ‘su ley’ a la torera.
Un activo miembro de España 2000 con amistades en la cúpula del PP valenciano y el abogado de uno de los condenados por el caso de saqueo y corrupción de Emarsa, la empresa pública de aguas residuales creada por el Ayuntamiento de Valencia del PP bajo la alcaldía de Rita Barberá, son dos de los nueve ultraderechistas implicados en las sucesos del 9 de octubre de 2017 y que, a fecha de hoy, la Policía Nacional no ha podido presentar ante la justicia, desde que el magistrado instructor ordenó su puesta a disposición judicial en febrero de 2018.
Según indica el diario Público, ambos personajes constan reseñados gráficamente en las diligencias desde el primer momento, junto a otros aún por identificar, y sus acciones están relacionadas secuencialmente con los primeros actos violentos que desembocaron en las brutales agresiones de aquel día.
Todos estos hechos están recogidos en documentos gráficos, tanto vídeos como fotografías, aportados a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, como Diligencias Previas 1839/2017, incoadas como “Delitos relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, delito de desórdenes públicos y robo con violencia en grado de tentativa”.
La corrupción policial estatal está a la orden del día. «Todo el mundo tiene un precio aunque no sea económico en la Policia española, pero cuando cobran una mierda, aún más», es la respuesta de un narco en activo cuando se le pregunta si es fácil comprar a un guardia civil o a un policía nacional. No sabemos si en este caso se cumple esa afirmación.
