Los 83 Colegios de Abogados del Estado reclaman al Gobierno una «reforma profunda» sin paliativos de la justicia

Los 83 colegios de abogados del Estado han presentado las demandas que harán llegar al próximo ministro de Justicia. Se trata de 10 puntos que, reunidos en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), los decanos de los diferentes colegios han defendido que son necesarias para tener una «justicia digna».

En el documento ’15 propuestas para una justicia digna», los colegios de abogados reclaman un nuevo pacto de estado por la justicia hecho desde el» consenso «para actualizar lo que se hizo en 2001, que consideran que no ha cumplido los objetivos. Según apuntan, hay una «reforma profunda» de la justicia en el Estado, y reivindican más recursos y que la abogacía participe en todas las decisiones que le afectan.

El texto firmado por todos los colegios de abogados del Estado pide que la oficina judicial se reorganice en una nueva estructura territorial que garantice la proximidad y la especialización, así como que se asegure el acceso a la judicatura de un número de jueces suficientes y especializados para cubrir «dignamente» las necesidades de la ciudadanía.

 En cuanto a la defensa, consideran que hay una ley orgánica que regule el derecho de defensa que «cierre el círculo de garantías constitucionales de la ciudadanía» y que preserve «al máximo nivel» el secreto profesional. «Hay que reforzar la consideración de la abogacía como operador jurídico, al mismo nivel que la judicatura y el ministerio fiscal», reclaman.

Además, defienden una transformación digital «transversal» y «integral» para que haya una «justicia del siglo XXI» y que se respeten la conciliación de la vida personal y profesional. También piden que las diferentes administraciones se coordinen en materia de justicia, la inclusión en el turno de oficio los casos de violencia de género y un turno específico de agresiones sexuales.

Finalmente, los colegios de abogados defienden la necesidad de modificar el actual sistema de acceso a la profesión para que sea más práctico y que se garantice la especialización y formación continua para garantizar que la justicia responde a «estándares de calidad y excelencia».