En la tarde de ayer, viernes 5 de julio, varias agencias y medios de comunicación publicaron una noticia en la que afirmaban que la UME había decidido emprender acciones legales contra mi persona por un tuit publicado el 4 de julio. Entre estos se puede destacar Europa Press, Efe, La Vanguardia, El Periódico, La Razón o la cadena de radio COPE.
El motivo de la denuncia es que llamé “corrupto, golfo, negligente o todo junto” al teniente general jefe de la UME, Miguel Alcañiz Comas, por suministrar un sándwich con cuatro lonchas de chorizo a los militares que se encuentran apagando incendios. Cierto que parte de lo publicado por un medio de comunicación no parece ser correcto, pero eso no significa que este episodio no haya sucedido. De hecho, a día de hoy la fuente primaria sigue ratificándose y todos los elementos, incluido el historial sobre estos episodios, ofrece poco resquicio a la duda. Pero esta no es la cuestión de este post, vayamos con lo interesante.
Lo primero que llama la atención del asunto es que no se trata de una acción legal consolidada, sino de un anuncio de una futura acción legal. Peor aún, puede que ni siquiera esta acción llegue a producirse, pues no se trata de la interposición de una denuncia como tal, sino que, según uno de los medios, los tuits objeto de la denuncia han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado y esta tendrá que decidir sobre si denunciar o no. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una futura interposición de una denuncia, sino sobre la posibilidad de una futura interposición de una denuncia que después tendría que pasar múltiples filtros para consolidarse no ya en condena, sino en proceso judicial.
Normalmente, un medio de comunicación o una agencia deben esperar al menos a que una denuncia haya sido admitida a trámite e incluso algunos medios esperan a que se tramiten las diligencias previas y el proceso llegue a juicio, pues de lo contrario se corre el riesgo de crear informaciones que, sin ser falsas, carecen de sustento legal y solo benefician a una parte, la que emite el comunicado. La cual, obviamente, tiene un claro interés en el asunto.
El segundo error, que empeora considerablemente el anterior, es la ausencia de un análisis jurídico de dicho comunicado. Ninguno de los medios consultó con un jurista para comprobar si el comunicado tenía la suficiente consistencia como para ser difundido, especialmente si tenemos en cuenta que el mismo podía influir en el juicio de valor sobre la cuestión objeto de la controversia. Una opinión jurídica en los textos habría sido no solo necesaria, sino también enriquecedora.
Más grave resulta, especialmente por lo que afecta a la profesionalidad y ética periodística, que ninguno de los medios se comunicara con el afectado, en este caso yo, para conocer la opinión de la otra parte y las consideraciones que pudiera tener que realizar al respecto. Lo mínimo que se podría haber hecho en este caso es no haber privado a una parte de la posibilidad de manifestarse y, por tanto, de defenderse en el juicio que el ciudadano pueda realizar al término de la recepción de la noticia.
De haberse producido este extremo, habría informado a los medios que esta no es la primera acción legal de estas características que soporto, pues he sido denunciado por la anterior ministra de Defensa en persona, María Dolores de Cospedal, la Guardia Civil y una asociación de oficiales de esta última institución. Las tres acciones legales han sido archivadas porque en todos los casos ha prevalecido el derecho a la información y la libertad de expresión. De la misma manera, habría puesto en contacto a los medios con mi abogado y este podría haberles ofrecido un análisis sobre las posibilidades de la denuncia. Muy escasas a nuestro juicio, valga la pena comentarlo, y, aunque se trate de la versión de una parte, habría significado un importante contrapeso a la información ofrecida.
Por último, y no menos importante, sorprende que ninguno de estos medios, que tan prestos han publicado un simple comunicado que a día de hoy carece de efecto legal y real alguno, no hayan informado a sus lectores de la existencia de un ensayo recién publicado sobre la impunidad de la violencia contra la mujer en el Ejército llamado ‘En la guarida de la bestia’. El único que existe al respecto. Un ensayo que, por los casos que describe y las conclusiones a las que llega, merecerían mayor atención que un comunicado de una institución carente de efecto alguno, sobre todo porque hay muchas mujeres que sufriendo una situación dramática en las Fuerzas Armadas.
Concluyendo, desde mi punto de vista, esta forma de ejercer el periodismo, claramente partidista y subordinada al poder, que difunde informaciones que a día de hoy son meras suposiciones a la vez que silencia informaciones tan importantes como las contenidas en el mencionado ensayo crítico sobre la impunidad de la violencia que sufre la mujer en el Ejército, causa un daño terrible a la ciudadanía y a los valores más elementales de la democracia. De hecho, se trata de un comportamiento marcadamente antidemocrático, lo que debería llevar a dichos medios a revisar en el futuro su protocolos y procedimientos. Privar a los ciudadanos de información de gran interés para ellos al tiempo que se emite información partidista y, a día de hoy, superflua no parece que sea una buena conducta periodística ni una gran contribución a al democracia y a la necesaria pluralidad informativa.
