Un Marchena desencadenado destroza la apariencia de imparcialidad

UYo sé lo que es el Tribunal Supremo porque he pasado en tres ocasiones por su Sala V de lo Militar y, como el resto de España, se basa en un concepto: apariencia. España es una democracia en apariencia y el Tribunal Supremo es un organismo jurídico en apariencia, pero no busquen la democracia en España más allá de lo formal ni pretendan que el Tribunal Supremo se dedique a sus menesteres jurídicos de forma independiente.

En las tres veces que sufrí al Tribunal Supremo, como en las anteriores ocasiones en las que padecí los juzgados militares, la resolución ya estaba dictada y todo el empeño de los magistrados consistió en construir una resolución aparentemente sólida de lo que pretendían resolver. 

Por ello, he llegado a vivir de todo en el Supremo: desde una caso de doble sanción por la misma falta en la que hubo un voto particular porque aquello ya era de vergüenza ajena a una falta resuelta con un código disciplinario que no era el mío (me aplicaron el de la Guardia Civil por error) y que no entraron a valorar por peregrinas cuestiones hasta una resolución en la que se afirma, textualmente, que mis manifestaciones públicas fueron más graves que la amenaza de golpe de Estado del teniente general Mena cuando en el año 2006 se estaba negociando el ‘Estatut’. 

Sin embargo, en todos los atropellos siempre intentaron aparentar legalidad. Hasta el punto de recriminarle el Tribunal Supremo en una ocasión al abogado del Estado lo inapropiado que era que se mofara de mí en uno de sus escritos afirmando que debía de estar gozoso de alegría por haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas, porque si todo era tan malo como denunciaba me hacían un favor expulsándome. 

En esa línea de apariencia, aun cuando las barbaridades han sido monumentales y no han cesado de producirse desde la Restauración Borbónica, lo que se esperaba para este proceso, lo que demandaba la apariencia de justicia, aun cuando ya estuviera –que lo está– dictada la sentencia, era justo lo contrario a lo que está haciendo el juez Marchena.

En lugar de un pistolero abatiendo lo que él considera forajidos, lo normal es que Marchena fuera extremadamente piadoso con aquellos a los que va a ejecutar con inmisericordia y rigurosamente estricto con aquellos a los que realmente sirve. Para que el crimen que se pretende perpetrar no lo parezca, para que en apariencia todo señale un juicio justo. Porque esa es precisamente la diferencia entre la apariencia de legalidad y la ilegalidad flagrante, entre la democracia fallida y la dictadura abierta.

Porque, llegados a este punto, que este proceso es a todas luces ilegítimo, o como mínimo salvajemente excesivo, no le cabe duda a nadie razonable, no al menos desde que Alemania y Bélgica pusieron en su sitio a la justicia española y esta terminó por retirar, abochornada, la euroorden, pero Marchena, desencadenado, ha destrozado con su comportamiento callejero la apariencia de la que se debería haber dotado al proceso jurídico y con ello ha dejado más que en evidencia no ya a la democracia española, que es fallida por deficitaria, sino la necesaria apariencia democrática que internacionalmente no es exigible.

Luis Gonzalo Segura es exteniente expulsado por denunciar corrupción en el Ejército de Tierra y autor de ‘Un paso al frente’ (2014), ‘Código rojo’ (2015) y ‘El libro negro del Ejército español’ (2017).