España a la cabeza de los países de la UE donde los ciudadanos perciben mayor falta de independencia en la justicia

España es el cuarto país de la Unión Europea donde sus ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial, con un 55% que la considera como «bastante mala o muy mala», de acuerdo con el Eurobarómetro publicado en paralelo al Índice sobre los sistemas judiciales en la UE.

Sólo los ciudadanos de Croacia (76%), Eslovaquia (60%) y Bulgaria (58%) creen que sus tribunales y jueces son todavía menos independientes que en el caso de los españoles y resulta muy superior a la media europea, que cae al 33%. En el polo opuesto, los países donde los ciudadanos confían más en la independencia judicial son Dinamarca (87%), Finlandia (83%) y Austria (82%).

Presos y exiliados políticos

Tal como la ciudadanía, por motivos obvios, aprecia desde hace tiempo en Cataluña y ahora confirma el Eurobarómetro, la percepción en España sobre la independencia judicial entre sus ciudadanos ha empeorado en el último año, según relejan los datos. Los últimos ejemplos están reflejados en el lamentable Juicio al Procés, o las Euroordenes a los exiliados políticos que fueron revocadas por otras justicias europeas.

En 2018, el 49% de los españoles consideró «bastante mala o muy mala» la independencia de sus jueces y fiscales y se clasificó en el sexto puesto donde los ciudadanos valoran peor su sistema judicial, por detrás de Croacia (69%), Eslovaquia (58%), Bulgaria (57%), Italia (53%) y Eslovenia (54%) frente al 32% de media.

La comisaria de Justicia, Vera Jourová, ha reconocido que el Ejecutivo comunitario no dispone de «un análisis tan profundo» para explicar este empeoramiento de la percepción sobre la justicia entre los españoles y ha evitado valorar si cree que se debe al conflicto secesionista en Cataluña o el juicio vinculado al ‘procés’.

«Me gustaría saberlo a mí. No tengo un análisis tan profundo. Mirando la tendencia, es bueno verlo en el contexto de la tendencia respecto a los años previos», ha explicado en rueda de prensa, dejando claro que compete a «los expertos españoles» dar una «explicación».

Presión de los Gobiernos y Políticos

El 78% de los españoles cree que Gobierno y políticos ejercen «mucha o algo» de presión sobre los jueces, por encima de la media europea, mientras que el 74% cree que la ejercen el poder económico u otros intereses, también cuatro puntos por encima de la media y el 52% considera que el estatus y posición de los jueces no garantiza suficientemente su independencia frente al 57% de media en la UE.

Por lo que se refiere a la percepción de las empresas, el 57% de las españolas cree que la independencia judicial en España es»bastante o muy» mala y se encuentra entre las más insatisfechas.

Sólo creen que la situación es peor en su país las croatas (75%) y eslovacas (67%), mientras que en el polo opuestos las empresas danesas, luxemburguesas, finlandesas y austríacas son las más satisfechas con su sistema judicial.

La percepción sobre la corrupción en la independencia judicial también ha empeorado en el último año en Austria, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Estonia, Grecia, República Checa, Portugal, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía y Croacia.

«La independencia de los tribunales y los jueces sigue siendo un problema en algunos Estados miembro», ha concedido la comisaria.

Jourová ha subrayado que «los países tienen culturas legales diferentes y no hay un modelo de qué garantiza la independencia judicial» pero ha avisado de que «a largo plazo» los países europeos necesitan tener «un entendimiento común» sobre «el Estado de Derecho» –Bruselas presentará en junio una propuesta para reforzar el mecanismo de vigilancia del Estado de Derecho en la UE– e «indicadores sobre la eficacia e independencia» de los sistemas judiciales. «Sólo entonces podremos hablar de reformas buenas que necesitan nuestros ciudadanos y democracias», ha avisado.

«Si un sistema se rompe en un país el impacto se sentirá en toda la UE porque dependemos de la confianza mutua» y «no debe haber ninguna duda» sobre las sentencias de los tribunales nacionales, ha recalcado.

Eficacia y Calidad

Así al margen de la independencia judicial, el informe también mide la eficiencia y calidad de los sistemas judiciales de los Estados miembros a la luz de indicadores como el número de casos civiles y comerciales pendientes y el plazo para resolver el litigio o la formación de jueces o la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre otros.

Los datos muestran que en España se necesitaban 329 días para resolver casos civiles y comerciales en 2017 frente a los 282 el año anterior y sólo por detrás de Letonia (330), Francia (341), Croacia (387) Malta (435), Grecia (479) e Italia (548) y es el noveno país con más casos civiles y comerciales pendientes de resolución (2 por cada 100 habitantes) por detrás de Italia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Portugal, Eslovaquia y Polonia. España también se encuentra entre los países con más casos administrativos pendientes de resolución (0,3 por cada 100 habitantes) aunque los ha bajado desde el 0,7 que había en 2010.

Por lo que se refiere a la tasa de resolución, el 88% de los casos civiles y comerciales se resuelven en primera instancia en España, el segundo peor caso, sólo por delante de Irlanda (73%).

En el caso del número de jueces, España es el sexto país con menos jueces (11,5 por cada 100.000 habitantes), sólo por delante de Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia y el tercer país con menos juezas en tribunales de apelación (37%), sólo por delante de Irlanda y Malta y el segundo con menos juezas en el Tribunal Supremo (15%). Sólo Malta no tiene ninguna jueza en el Supremo.

Respecto el gasto público en justicia, España destinó el 0,3% del Producto Interior Bruto, en línea con la mayoría de los países. Sólo gastan más Bulgaria (0,6%), Polonia, Rumanía y Eslovenia (0,5% en cada caso) y Reino Unido, Alemania, Letonia, Hungría y Croacia (0,4%).

En el caso de la formación de los jueces, el 31% de los jueces españoles participa en programas de formación en materia de Derecho europeo o para estudiar la legislación de otro país.