miércoles, 09 de octubre del 2024

La Comisión Europea podría multar a España con multas semestrales de entre 600 y 6.600 millones si no reduce el déficit y la deuda

La Comisión Europea abriría un expediente por déficit excesivo que le permitiría, en última instancia, imponer multas equivalentes al 0,05 % del PIB del Estado miembro cada seis meses, con el brutal baremo de España.

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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La Comisión Europea exigirá a los países más endeudados reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda públicos y prevé multas cada seis meses y acumulables para aquellos que incumplan la senda de ajuste pactada con Bruselas.

En casos de incumplimiento de la senda fiscal pactada con las autoridades comunitarias, la Comisión Europea abriría un expediente por déficit excesivo que le permitiría, en última instancia, imponer multas equivalentes al 0,05 % del PIB del Estado miembro cada seis meses.

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Así, esta sanción iría creciendo cada semestre hasta un máximo del 0,5 % del PIB citado, salvo que el resto de socios comunitarios certifiquen que el país incumplidor “ha adoptado acciones efectivas” para embridar su déficit y su deuda.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni (izquierda), hoy en Bruselas. EFE

Con los datos a cierre de 2022, estas cifras resultan en multas potenciales para España cada semestre de aproximadamente 660 millones de euros y un máximo de 6.600 millones en el caso de que persistiese en el incumplimiento y no adoptase ajustes fiscales.

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“Nuestras propuestas permiten una rendición de cuentas más creíble como contrapartida a un marco de supervisión que da más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar sus trayectorias fiscales”, explicó en una rueda de prensa en relación a los capítulos de sanciones el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Entre las medidas está la de que todos los países con un déficit superior al 3 % del PIB tendrán que reducirlo en un 0,5 % del PIB cada año, una obligación que hasta ahora solo se aplicaba a quienes tenían abierto un expediente por exceso de déficit.

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