sábado, 20 de abril del 2024

Así ven al Estado: Un fondo de EEUU declara a España en situación de «impago técnico»

El Gobierno de España ha considerado que la posible reclamación de activación de 'default' de cuatro emisiones de bonos por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments "no tiene nada que ver con la deuda del Estado".

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El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments ha declarado a España en situación de impago. Blasket ha activado ya la llamada cláusula de «default» [impago técnico -incumplimiento de una obligación de pago-] en cuatro emisiones de deuda públicas española en los mercados internacionales por valor de unos 910 millones de euros, según avanzaba El Mundo, y dábamos pistas en artículos anteriores. 

Según indican las fuentes los importes «deben ser reembolsados inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados«. La Agencia Bloomberg indica que el fondo señaló que la falta de pago de España ha desencadenado disposiciones de incumplimiento cruzado en el contrato de bonos que significan que el país está en ‘default’ técnico.

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“Blasket Renwable Investments LLC ha invocado la cláusula pertinente y ha desencadenado un escenario de “default” en cuatro títulos de deuda soberana española con vencimiento entre 2029 y 2044, según los casos”, señalan las fuentes. Blasket Renewable compró bonos del Estado español, donde está vigente la cláusula de “evento de impago” por la cual el poseedor puede activarla para protegerse de una deuda que no consigue cobrar.

Según informa la agencia Bloomberg, Blasket Renewable Investments LLC quiere que España acelere el pago de una emisión de deuda de unos 248 millones de euros (unos 226 millones de euros) con vencimiento en 2029, después de que el país no llegara a un acuerdo por cerca de 1.200 millones de dólares (unos 1.094 millones de euros) en laudos arbitrales por los recortes en el pasado a las primas por las energías renovables.

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Fuentes del Ministerio de Economía han indicado que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá «respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado».

Cabecera de la resolución judicial de embargo del Instituto Cervantes y un edificio de la Generalitat / El Mundo

Es el mismo fondo que también ha activado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres y de una agencia de la Generalitat de Catalunya en la capital de Reino Unido. Ya han notificado todas estas operaciones al Ministerio de Asuntos Económicos de España, aunque nuestro país se niega a pagar hasta ahora por no considerarse con obligación legal para responder a la deuda y asegura que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, según el medio citado.

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El programa incluye otras tres emisiones en circulación, en dólares, yenes y euros, por un monto de 817 millones de dólares (unos 745 millones de euros) con una redacción similar de incumplimiento. Eso significa que España podría enfrentarse a solicitudes de rescate anticipado de deuda equivalente a unos 1.100 millones (unos 1.000 millones de euros).

Los laudos internacionales emitidos por el CIADI -tribunal internacional de arbitraje- y vinculados al recorte con efectos retroactivos de los incentivos a la inversión en energía renovable han generado unas obligaciones de 1.175 millones de euros que no han sido cumplidas con las empresas e inversores afectados.

En concreto, esta reclamación tiene que ver con los laudos en inversiones renovables por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 que motivaron demandas ante el Ciadi, fundamentalmente, basándose en el Tratado de la Energía. Anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros recortes a las primas a las renovables.

Las mismas fuentes del Ministerio precisaron que ha sido «un proceso largo» en el que España lógicamente ha defendido sus intereses. La base jurídica de las reclamaciones dentro de la UE ha quedado excluida porque el TJUE concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea…

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