Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registra una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al gobierno español a realizar las «modificaciones legales oportunas» para «prohibir la contratación de empresas, así como sus matrices o filiales, que hayan espiado o hackeado alguna administración pública de el Estado”.
En el texto, los republicanos recuerdan el espionaje a cargos públicos, políticos y miembros de la sociedad civil catalana y del gobierno español con el software Pegasus de la empresa israelí NSO. También hicieron mención al hackeo destapado contra el 9-N. ERC sostiene que son «actitudes que deben ser perseguidas y combatidas por la democracia».
La iniciativa, presentada para ser debatida en la comisión de Seguridad Nacional, pide también un informe en un plazo máximo de tres meses sobre las contrataciones que se hayan hecho hasta ahora a este tipo de compañías.
Mediante estos sistemas, destaca, han sido espiados, entre otros, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira, Jordi Sánchez o Anna Gabriel, e incluso parlamentarios europeos, del Congreso y del Parlamento catalán como Jordi Solé, Antoni Comín, Miriam Nogueras, Jon Iñarritu, y Albert Botran.
“Estos espionajes no preocupan en una autoproclamada ‘democracia plena’ como la española”, señala la diputada republicana Montse Bassa, firmante la iniciativa. Es más, “políticamente, son aplaudidos, normalizados y justificados, de manera que se legitima y perpetúa el espionaje al disidente”.
“Prueba de ello”, apunta, es que “se ha vetado” la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso y, esta misma semana, tanto el Ejecutivo como la propia Cámara Baja “han ninguneado” la misión del Parlamento Europeo que se desplazó a Madrid en su investigación del “escándalo” del ‘caso Pegasus’…
