La Corte Penal Internacional (CPI), con sede permanente en La Haya, Países Bajos, dictaminaba hace unas horas que emite una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra, debido a su presunta participación, tal como nos indicaba la prestigiosa agencia Associated Press, con el secuestro de niños en Ucrania, hace solo unas semanas.
El tribunal del CPI ha sido contundente y ha aseverado en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de (niños) y transferencia ilegal de (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
También ayer viernes emite otra orden para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares. Con lo que ambos podrían ser detenidos si viajan al extranjero.
La medida ha sido inmediatamente rechazada por Moscú, que la la considera “nula jurídicamente” a todos los efectos, ha sido acogida por Ucrania como «un gran avance». Sin embargo, sus implicaciones prácticas bien podrían ser insignificantes, si nadie se atreve a detenerlos.
La corte ya había acusado a líderes mundiales antes, pero en este caso es la primera vez que emite una orden de arresto contra uno de los lideres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como es Rusia.
El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, h dicho en un comunicado por video que si bien los jueces de la CPI emitieron las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. El tribunal no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes.
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