El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anda entre el cinismo y el descaro más prepotente para justificarse. Ha justificado la escandalosa infiltración de un agente de la Policía Nacional española en los movimientos sociales de Barcelona justificando que es para «prevenir la comisión de delitos» y «generar los datos y la información necesaria para garantizar la seguridad de todos”.
«Vivimos en una democracia no militante», ha dicho, remarcando que «no se persiguen las ideologías o las ideas», sino «hechos». Sin embargo, sospechosamente se trata de movimientos sociales vinculados con el antifascismo, la defensa de la vivienda o el independentismo.
Según Marlaska, la actuación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía «siempre» se adecua a la legalidad, y tiene como objetivo «garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades» y «generar el espacio para que todo el mundo pueda decir el que quiera y vivir como sea más feliz”.
La manipulación sexual como mecanismo represivo
Así respondió el ministro español a las críticas del senador de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñán, que le reprochó la infiltración durante tres años del agente del Cuerpo Nacional de Policía a movimientos de Barcelona. El agente mantuvo diversas relaciones con mujeres que ahora han presentado querella contra él y contra el Ministerio del Interior por delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral y el impedimento del ejercicio de derechos cívicos.
Gómez Perpiñán ha remarcado que es preocupante que el Ministerio del Interior permita infiltración a movimientos sociales sin que esta actuación esté amparada por la persecución de ningún delito concreto. «Son prácticas policiales aberrantes que vulneran los derechos fundamentales», ha alertado, y que denotan que el Ministerio «ampara la manipulación sexual como mecanismo indagatorio contra activistas sociales».
Marlaska ha evitado referirse a este último caso, pero ha defendido a capa y espada al Cuerpo Nacional de Policía, asegurando que los agentes «cumplan en todas sus actuaciones los principios de legalidad y los valores constitucionales». Según el ministro, los agentes no sólo persiguen delitos consumados, sino que «previenen delitos generando un espacio para que podamos ejercer nuestros derechos con tranquilidad».
