El Consejo de Ministros de ayer martes aprobaba un requerimiento de incompetencia en la Junta de Castilla y León por el nuevo protocolo que desea dificultar el derecho al aborto.
Lo confirmaba la ministra portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y es un paso previo a llevar el conflicto al Tribunal Constitucional.
Rodríguez ha dicho que el gobierno español no está dispuesto a permitir que «se retroceda ni un milímetro» en los derechos de las mujeres y que está preparado para impulsar las medidas necesarias.
El requerimiento aprobado insta al gobierno de Castilla y León, en el plazo de un mes, a declararse incompetente por legislar sobre el derecho al aborto.
De todas formas, admitió que no sabe a ciencia cierta cuáles son los cambios en los protocolos que quiere hacer la Junta de Castilla y León, y calificó de «contradictorias» e «insuficientes» las explicaciones que ha dado hasta ahora.
