lunes, 06 de febrero del 2023

El PP pone ahora bajo sospecha el nuevo T. Constitucional de mayoría progresista

Es lo que tiene la muy politizada justicia española. Después de muchos años de tendencia netamente conservadora, los populares intentan acusar ahora al PSOE de poner “a dedo” a militantes y simpatizantes socialistas al árbitro de la Carta Magna. Justicia Marca España.

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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El magistrado Cándido Conde-Pumpido, coruñés de 73 años, es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). Este jurista que anteriormente también fue magistrado del Tribunal Supremo desde 1995 y fiscal general del Estado desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011, en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha ganado la votación por un sólo voto (6-5) a María Luisa Balaguer, también ‘progresista’.

Así, gracias al apoyo mayoritario de los jueces progresistas, y la designación de la también magistrada progresista Inmaculada Montalbán como vicepresidenta, ha hecho que el PP se olvidara de cuando eran ellos los que tenían mayoría ‘muy’ conservadora y en estos momentos hablan de “lo tensionado” que se ha encontrado todo el procedimiento en torno al tribunal de garantías.

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“Tras conocer los nombramientos no podemos más que lamentarlo”, dicen fuentes de Génova, recordando que hasta ahora la vicepresidencia del TC recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente. En esta ocasión no ha sido así.

Los populares recuerdan que el procedimiento «que se venía siguiendo hasta ahora» establecía que la vicepresidencia recaía en alguno de los miembros que «forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente». Por eso el PP espera que el TC pueda «blindar su actuación ordinaria» de la «voracidad institucional» del gobierno estatal, si bien considera que el órgano está «debilitado».

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