lunes, 30 de enero del 2023

Fiscalía Antidroga pide 9 años de cárcel a Gonzalo Boye por blanqueo de capitales

Boye está acusado, junto a otras cincuenta personas, de pertenecer a la red del narcotraficante Sito Miñanco, que habría entrado 4 toneladas de cocaína en España.

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El abogado de Carles Puigdemont y de Laura Borràs, Gonzalo Boye, se enfrenta a una pena de 9 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental, según la Fiscalía Antidroga, como ya indicábamos aquí.

También le pide la inhabilitación como abogado durante el mismo período de tiempo, y 3 millones de multa. La Fiscalía le considera miembro de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

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Boye está acusado, junto a otras cincuenta personas, de pertenecer a la red del narcotraficante Sito Miñanco, que habría entrado 4 toneladas de cocaína en España, y acusa a Gonzalo Boye de haber contribuido al blanqueo de capitales.

En su escrito de acusación, que se ha hecho público este martes, Antidroga explica que tras la investigación desarrollada, se logró identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Sito Miñanco «y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España».

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Estas operaciones habrían tenido lugar en octubre del 2017 cuando se transportaban 3,3 toneladas de cocaína y que acabó con la detención de siete tripulantes, y otra un mes después, cuando se logró decomisar un contenedor de cocaína en Holanda que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

La jueza que investigó esta causa situó a Gonzalo Boye, entonces abogado de Sito Miñanco, en otro procedimiento, en una operación para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la Policía en el aeropuerto de Barajas, escondidos en una maleta de uno de los miembros de la organización.

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Según la Fiscalía, «con el propósito de acreditar el origen lícito del dinero intervenido», Boye habría colaborado, junto a otros abogados, en confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio, un negocio que, dice el fiscal, «no presentaba ninguna lógica comercial».

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