España sigue tragando sapos por Gibraltar, y el Gobierno de Sánchez junto a la Comisión Europea han remitido al Reino Unido una propuesta para que el Campo de Gibraltar se transforme en una «zona de prosperidad compartida» que incluya la eliminación de la conocida verja de modo que se favorezca la movilidad de personas y mercancías entre la colonia y la UE.
Lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras una reunión celebrada en Madrid con las principales autoridades locales y autonómicas con competencias en la zona para explicar el alcance de las negociaciones de España y la Comisión sobre Gibraltar, que están en una fase muy avanzada y que ha calificado de «positivas».
El objetivo de estas conversaciones, ha destacado el ministro, es establecer un «nuevo marco jurídico» posterior al Brexit que «siente las bases de una relación estable entre España y la UE por un lado y el territorio de Gibraltar, a través del Reino Unido, por otro». Albares confía en que «las negociaciones concluyan con un acuerdo satisfactorio lo antes posible» y ha emplazado a Reino Unido a trasladar si está dispuesto a alcanzar el acuerdo ya porque «no se puede permanecer eternamente en esta situación».
La propuesta presentada, ha añadido Albares, busca que haya unas «reglas del juego equivalentes a ambos lados que permitan que la prosperidad de unos no sea en detrimento de otros» e incluye disposiciones para facilitar la movilidad, de cara a supresión de la verja, de manera que se logre una plena fluidez de tránsito de personas.
Ello implica, según Exteriores, que España pase a controlar, en nombre de Schengen, las fronteras exteriores de Gibraltar y que, para ello, pueda ejercer determinadas funciones y competencias, necesarias para proteger la integridad y seguridad de este espacio. El ministro ha explicado que el eje fundamental de la propuesta es «la defensa y protección de los intereses y de los derechos» de los ciudadanos españoles, y muy en particular, de los 270.000 que viven en el Campo de Gibraltar.
La propuesta española incluye la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de prestaciones sociales en Gibraltar y garantizar, en materia aduanera, la libertad de movimiento de bienes «sin que ello incremente los riesgos para el mercado interior de la UE» y en particular para los operadores económicos de la zona en materia de competencia desleal o de tráficos ilícitos como, por ejemplo, de tabaco.
Esto implica para España ejercer, en nombre de la UE, funciones de control y protección del mercado interior, al desaparecer los controles aduaneros entre España y Gibraltar. También se han incluido disposiciones para luchar contra el blanqueo de capitales y para garantizar estándares de protección medioambiental y en materia de seguridad nuclear.
Por último, Albares ha subrayado que la posición de España sobre la soberanía y la jurisdicción en relación con Gibraltar permanece inalterada. «Ni el futuro acuerdo, ni ninguna opción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implican o implicarán renuncia alguna ni modificación de la posición jurídica de España con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar», ha concluido
