lunes, 30 de enero del 2023

La fundación «Hay derecho» alerta del deterioro persistente del Estado de Derecho en España

El informe analiza las brechas en el sistema de justicia

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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Un informe de la Fundación «Hay Derecho» alerta del deterioro persistente del Estado de Derecho en España y señala al abuso del decreto ley como herramienta legislativa. Además, la situación del CGPJ, o las puertas giratorias entre política y justicia, son elementos que evidencian la mala calidad de nuestro Estado de Derechon (en referencia a Dolores Delgado).

El «primer informe sobre la situación del Estado de derecho en España», analiza el periodo comprendido entre los años 2018 y 2021, que se caracteriza, según señala, por un contexto de especial complejidad, donde el procés y sus consencuencias, sumado a la pandemia, y una legislatura marcada por la «polarización política» han generado un debilitamiento del sistema.

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En lo que se refiere al Poder Judicial, se detecta una politización preocupante, y desde que en 2018 se bloquease la renovación del CGPJE, la reducción de la capacidad de trabajo está también deteriorando la Administración de Justicia.

Denuncia el informe las interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, a través de las críticas de los políticos a las sentencias judiciales que no les agradan, así como mediante las puertas giratorias entre la política y el Poder judicial o la aplicación de indultos.

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La imparcialidad de la Fiscalía General del Estado también se pone bajo sospecha, sobre todo con el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado, que fue propuesto cuando todavía era diputada del PSOE, y tras haber tomado parte en la campaña electoral, tras su paso por el Ministerio de Justicia, señalan.

Las anomalías en el retraso para la ejecución de sentencias suponen también un daño al sistema.

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