viernes, 13 de diciembre del 2024

La ley del «sí es sí» y su aplicación en menores de edad: otro escollo legislativo

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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La conocida ley del «sí es sí» que acaba de entrar en vigor y que tanta polémica está generando por su puesta en marcha, tiene ahora otro capítulo pendiente por resolver.

Después de que el debate se centrarse en la reducción de algunas penas y la consiguiente rebaja de las penas ya impuestas para algunos casos específicos, la Fiscalía General ha tenido que emitir una circular para dar algunas pautas (que no son vinculantes) a la hora de interpretar y aplicar la legislación recién creada.

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Está pendiente que el Tribunal Supremo se pronuncie también al respecto para así poder dar las pautas necesarias para la interpretación en línea con el espíritu de la norma.

Pero todavía no se ha puesto sobre la mesa, ni se ha debatido de forma pública lo que esta nueva normativa puede suponer en caso de los menores de edad. Precisamente, según señalan algunos expertos, la nueva ley abriría la puerta a una posible revisión de la ley del menor ante las contradicciones que se podrían estar produciendo en algunas condenas, según recogía Vozpopuli.

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Señala la información publicada que «jueces y fiscales se han topado con la problemática de que la aplicación tanto en los nuevos casos como en la revisión de sentencias de la le y estrella del Ministerio de Igualdad está provocando la imposición de penas más duras en menores que en adultos», un escenario que no habría contemplado la ley.

¿Qué solución dan ante este problema? Señalan algunos jueces y expertos consultados por Vozpopuli que se plantea la necesidad de reformar la ley del menor para que pueda tener en caje en la nueva redacción.

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El Fiscal de menores lo advirtió antes de la entrada en vigor

El Fiscal de menores, Eduardo Esteban, avisó el pasado mes de septiembre de la situación que podría generarse cuando entrase en vigor la ley del «sí es sí». Podríamos estar ante casos en los que una misma conducta delictiva conlleve una pena más alta para el menor de edad que para el adulto. 

Señalan expertos juristas que nos encontramos ante un fallo técnico, puesto que al desaparecer el delito tipificado de abuso sexual, las condenas ahora se imponen por agresión sexual. En estos casos la ley contempla una pena de prisión para los adultos, que puede ser sustituible por multa si el juez así lo considera. Sin embargo, para los jóvenes, se traduce en un internamiento en régimen cerrado sin opción de multa alternativa. En este sentido, se advierte que se podría estar vulnerando lo advertido en los tratados internacionales, cuando advierten que por un mismo hecho, no se puede condenar de manera diferente a un adulto que a un menor con mayor pena para este último.

Aplicación de la normativa anterior, para no perjudicar al condenado

En Jaén ya se ha dado un caso de interés: una magistrada ha condenado esta semana a un menor aplicándole la L.O. de Responsabilidad Penal del Menor, considerando que de aplicarle la ley del «sí es sí» la pena sería más perjudicial. En este caso, se impone la pena por un abuso sexual, delito que ya no existe como tal siguiendo la aplicación de la nueva ley. La juez ha optado por esa figura porque los hechos se produjeron cuando aún no había entrado esta ley en vigor y considera que ha de aplicarse la ley más beneficiosa para el acusado.

Se trata de un menor de edad que obligó a otra persona a hacerle una felación en un parque contra la voluntad de aquella.

El fiscal de Sala pidió no aplicar de manera automática los efectos de la ley para evitar precisamente castigos más severos en menores que adultos. Por ello dijo que «la solución práctica al problema» pasaba por una interpretación integradora del artículo relativo al internamiento en régimen cerrado para los casos más graves.

 

 

 

 

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