sábado, 27 de abril del 2024

La Generalitat informa a los centros escolares de que no se aplicará el 25% de clases en castellano este curso

El nuevo marco legislativo hace que la realidad en las aulas cambie radicalmente respecto al curso académico anterior

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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El Conseller de Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha confirmado en la presentación de las novedades y principales líneas del calendario escolar para el curso académico 2022-2023 que comenzará la semana próxima «sin ningún aula del país aplicando el porcentaje del 25% de clases en lengua castellana». 

El consejero ha considerado esta decisión tomada por el Govern como «un éxito que sucede cuando todos nos ponemos a trabajar en la misma dirección». Y es que, según ha subrayado el consejero, el curso pasado estuvo marcado por las «injerencias judiciales» y la respuesta sobre la aplicación del 25% de tiempo lectivo en lengua castellana, se ha convertido «en una cuestión de país».

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Ha afirmado que desde la Generalitat se continuará «desplegando con más firmeza que nunca los sistemas y métodos para incrementar el uso del catalán en los centros y garantizar que los proyectos lingüísticos se apliquen en las aulas». 

Del total de 5.500 centros educativos en Cataluña, son 27 los que se encuentran ahora mismo en litigios por vía judicial al respecto de la cuestión lingüística. La existencia de un nuevo marco jurídico que salió adelante gracias a la puesta en común de las formaciones del Govern, apoyados por el PSC y los Comunes, ha cambiado radicalmente el panorama que había el curso anterior.

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Será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra sobre la cuestión que afecta a las leyes aprobadas en el Parlament al respecto. Pero, mientras tanto, el Govern ha dejado claro que están «plenamente vigentes».

 

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