Gonzalo Boye, abogado de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha cuestionado el artículo 25.4 del reglamento del Parlamento que prevé la suspensión de los “derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata” en los casos en que “la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción”.
Al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya abierto juicio oral a Borràs por supuestos contratos irregulares cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), su letrado ha afirmado en ‘El món a RAC1‘ que este artículo se va hacer con «mal criterio jurídico», pero ha dicho que la suspensión de Borràs es «una decisión política». «En esto no entro», ha remarcado.
El abogado de Borràs ha insistido en que la fiscalía «no habla» de malversación ni le reclama «responsabilidad civil». A Borràs se le acusa de delitos de prevaricación y falsedad documental por presuntamente haber fraccionado contratos en beneficio de un amigo suyo informático, Isaías H, que en total habrían ascendido a 335.700 euros con IVA incluido.
Según Boye, estos dos delitos no son corrupción: «Esto no está contemplado en ningún manual internacional». El letrado espera que el juicio a Borràs sea «justo», pero se ha mostrado escéptico al considerar que «cuando se trata de políticos independentistas» no siempre lo son.
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