domingo, 03 de marzo del 2024

El abogado del TJUE con Llarena: Bélgica no puede cuestionar la competencia del Supremo

La actuación de la justicia española y las cloacas del estado español contra Catalunya, es público y notorio. Lo que no se sabe es si han hablado con Jean Richard de la Tour. Este argumenta que debe demostrarse la existencia de "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial español para denegar una orden de detención alegando vulneración de derechos.

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Conociendo los tejemanejes de las cloacas del Estado (con la justicia implicada) en todo lo que a Catalunya se refiere, a nadie debería sorprender si han llegado a contactar oficiosamente con el TJUE. Por lo pronto y con una buena reflexión, ya hay respuesta de su Abogado General y la actuación de Bélgica sobre Carles Puigdemont.

Bélgica no puede denegar la ejecución de una orden de detención por posible vulneración de derechos fundamentales sin demostrar la existencia de «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial español, según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Así respondió Jean Richard de la Tour las preguntas prejudiciales presentadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes contra los líderes independentistas y sobre la capacidad de los estados miembros de la Unión Europea para rechazarlas. Por tanto, le da la razón.

Más concretamente, De la Tour concluye que, para demostrar que existe un riesgo real de vulneración de derechos fundamentales, la autoridad judicial de ejecución, en este caso, Bélgica, debe disponer de datos objetivos, fiables, precisos y actualizadas debidamente. En caso contrario, no podrá denegar la ejecución de una euroorden de detención.

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El abogado del TJUE añade que las personas contra las que se sigue el proceso penal «tienen a su disposición vías de recurso en España para controlar, hasta el nivel del Tribunal Constitucional, que se tiene en cuenta ese derecho fundamental».

Sin embargo, la decisión de este jueves no es decisiva para el futuro de las euroórdenes. La opinión del abogado general no es vinculante para los quince jueces de la Gran Sala del TJUE, que tendrán que responder más adelante sobre las cuestiones planteadas por Llarena. Aunque no son vinculantes, sí definen, en muchos casos, el criterio que seguirán estos quince jueces en la sentencia definitiva, que podría llegar de cara al otoño.

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