Vuelta de tuerca a la corrupción. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, imputado por el caso Villarejo, hablaba de la actualidad de la eléctrica y prometió otro año récord de resultados y dividendos. Lo que no mencionó a los dueños de la compañía es el reciente dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ordenaba desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España y Europa.
Ni el reciente auto del juez de la conocida como ‘trama eólica’, que ha solicitado el embargo de las cuentas de tres directivos del grupo por 130 millones de euros, según indica El Confidencial. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el decreto de embargo de cuentas y del IRPF contra varios altos cargos.
Contra Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola, contra Rafael Icaza de la Sota, director de control, y contra Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Castilla y León del grupo con sede en Bilbao, a través de la cual y según la Fiscalía se organizó una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011.
