Claves de la ley de emergencia habitacional: presión sobre grandes tenedores y alquiler social

El Parlament ha aprobado este miércoles la nueva Llei d’Emergència Habitacional (Ley de Emergencia Habitacional). De hecho, se trata de una modificación para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, a partir de antiguas leyes aprobadas en los últimos años, entre ellas la que se aprobó en 2015 a partir de una ILP promovida por la PAH y la Alianza contra la pobreza energética.

De esta forma se han querido recuperar y adaptar varios puntos que se habían ido incorporando a lo largo de estos años, pero que habían sido impugnados por la oposición por defectos de forma. El TC, por ejemplo, aceptó hace un año un recurso del PP por un decreto de ampliación del 2019 al considerar que este tipo de materias debían regularse vía ley y no vía decreto ley.

La proposición de ley ha salido adelante con los votos de los partidos del Govern (ERC y Junts) y también ha recibido el apoyo del PSC, la CUP y los Comunes. Vox, Cs y PP se mostraron totalmente contrarios con acusaciones de inconstitucionalidad y avisaron de que llevarán la ley aprobada al consejo de garantías estatutarias y valorarán si presentan también un recurso al Tribunal Constitucional.

Puntos destacados de la nueva ‘ley de emergencia habitacional’:

– Renovación del alquiler social a las familias que viven en el piso de un gran tenedor jurídico si todavía están en situación vulnerable, y realizarles un contrato de 7 años.

– Alquiler social para familias que estén ocupando pisos de grandes tenedores, si tienen informe de vulnerabilidad y entraron en la vivienda antes de junio de 2021.

– Nueva consideración de gran tenedor jurídico a partir de 10 viviendas, y no 15 como hasta ahora. Se pretende así poner dificultades a la práctica de algunos fondos de inversión, que trocean y hacen mini empresas dentro de las empresas para que no se les considere grandes tenedores. Los particulares seguirán siendo grandes tenedores a partir de 15 viviendas.

– Se crea el registro de grandes tenedores en la Agencia de la Vivienda de Catalunya y éstos tendrán la obligación de inscribirse. Esto agilizará mucho la búsqueda de quien es gran tenedor y quien no.

– Plazo de 2 meses para que los grandes tenedores hagan la oferta de renovar el alquiler social, si no, habrá sanción.

Se prevé que con esta nueva ley aprobada se pueda beneficiar de forma inmediata a unas 4.000 familias vulnerables. Es el caso de multitud de ciudadanos. El banco se quedó el piso al no poder hacer frente a la subida de la hipoteca y se lo vendió a un ‘fondo buitre’. Su pesadilla puede acabar ahora, ampliando el alquiler social que le caducaba en unos días.