domingo, 16 de junio del 2024

El problema es la LOREG

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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En este gran puzzle que supone la política y sus entresijos es imposible no perderse. Tocar una pieza supone que haya engranajes inimaginables que se mueven y hacen caer lo que menos te esperabas.

Como ejemplo claro es lo que está sucediendo en estos momentos en el Parlamento de Cataluña. Por allí ha sobrevolado y no anda lejos la sombra de una posibilidad: la de eliminar a su presidenta por defender, en primer lugar, la soberanía parlamentaria; en segundo lugar, la libertad de expresión; en tercer lugar, la presunción de inocencia. Y de postre, si se quiere, de plantar cara a lo que supone una tomadura de pelo constante formulada por una argucia legal que hace posible que puedas quitarte de un plumazo a un president como Torra, a una presidenta como Borrás y a un diputado como Juvillà.

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¿Dónde está la clave, donde está esa pieza que hace saltar todo por los aires sin el más mínimo esfuerzo? La pieza se llama LOREG, o sea: Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y para más señas, hay que poner el foco en la modificación que se produjo de ella en el año 2011, que fue publicada aquí.

En esta modificación se introdujeron cambios sobre el Censo electoral, el voto en el exterior, los medios de comunicación y las elecciones, la exigencia de avales para formaciones electorales nuevas, el control de transfuguismo.

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El concepto esencial en todo este tinglado es «inelegibilidad sobrevenida» y básicamente viene  decir que, en base al artículo 6.2 de la LOREG, si eres un cargo electo y te condenan con una pena de inhabilitación, se puede exigir tu inhabilitación en ese mismo momento aunque todavía puedas recurrir el asunto y se pudiera demostrar en la siguiente instancia que eras inocente.

Y una vez que la Junta Electoral solicita que se ejecute esa inhabilitación (dotándole a ésta de una grandeza que me parece a mi que no encaja en un sistema de separación de poderes y de mera lógica), ese cargo electo pasa a ser fulminado de su escaño o sillón.

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Es lo que le hicieron al President Torra, es lo que le hicieron a Alberto Rodriguez y es lo que le están haciendo ahora mismo al diputado Pau Juvillà, y es lo que le harían a Laura Borrás si decidiera desobedecer.

Y a mi me surgen infinidad de dudas: ¿para qué sirve que el juez diga que les impone una pena de inhabilitación de un mes, de seis o de dos años? Me lo pregunto porque una vez que te han quitado el escaño ya no vuelves: que se lo digan a Alberto Rodríguez, donde con una inhabilitación de 45 días sirvió para sacarle del Congreso y cerrar la puerta a su espalda. ¿Qué más da el tiempo por el cual te pongan la condena a efectos prácticos si una vez que te sacan y cumples esos 45 días ya te has quedado inhabilitado en la praxis para esa legislatura al menos? Puestos a darle ideas al «enemigo», modifiquen la ley y establezcan la inhabilitación hasta el final de la legislatura en curso. Porque si no, es muy descarado el tema.

También me pregunto cómo es posible que lo que no debería haber pasado de ser una mera sanción administrativa se pueda convertir en un delito de desobediencia. No consigo comprender cómo la retirada de una pancarta o de un lazo de un balcón pueda derivar en semejante atrocidad jurídica. Y sacar de su puesto a un president o a un diputado por el retorcimiento más atroz de la normativa es escandaloso. Y sinceramente, me daría lo mismo que el presidente fuera independentista catalán, que nacionalista vasco, que alcalde de ciudadanos. Se trata de la justicia de las normas y de su uso y aquí es evidente que como sentido común no tiene, cabría pensar en que más bien la intención es otra: inhabilitar por cualquier gilipollez al que estorbe y quitarle del medio.

Y teniendo en cuenta que son otras formaciones políticas las que denuncian ante la junta electoral; teniendo en cuenta que a veces incluso los que están en la junta electoral trabajan para alguna formación política; y finalmente se está inhabilitando a cargos políticos, podríamos imaginar que la Junta electoral central está dotada de poderes para hacer juego político disfrazados de una especie de tribunal sin serlo, que al final puede llegar a cargarse al presidente de un parlamento que ha permitido colgar una pancarta reivindicativa. 

El problema que tenemos va mucho más allá de la CUP, del Parlament, de Torra, de Borrás, de Alberto Rodriguez o de Juvillà. El problema es el sistema electoral  repleto de triquiñuelas que acortan caminos o los hacen laberínticos. Y siempre suele caerse por el mismo sitio y proteger a los del mismo lado.

El sistema de partidos y la legislación electoral encierran una serie de trucos del almendruco que resuelven la ecuación cuando se conocen: esto no hay manera de cambiarlo y lo tienen todo «atado y bien atado».

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