La politizada justicia española en acción. El mayor caso de corrupción del PSOE vuelve a los tribunales tras la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de reabrir el último fleco del ‘Caso Filesa’, el relativo a las subvenciones recibidas por la agencia Viajes Ceres como adjudicataria de un concurso público para la realización de viajes de la tercera edad.
La Sala Segunda acaba de desactivar la última de las decisiones adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid que cerró una de las derivadas del ‘Caso Filesa’, a cargo del Juzgado de Instrucción número 26 de la capital, por el tiempo transcurrido desde que se iniciaron los hechos.
El TS ha atendido un recurso del PP, personado como acusación popular, y ha determinado que, cuando se dictó la resolución acordando la prescripción de los delitos, todavía no se había determinado, claramente, el objeto del enjuiciamiento, «por lo que no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo».
Con esta decisión, el Tribunal Supremo abre la puerta a sentar en el banquillo de los acusados a una decena de dirigentes y empresarios socialistas investigados desde hace tres décadas por el presunto desvío de 42,2 millones de euros en subvenciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales.
Durante la instrucción del Caso Filesa, el magistrado Marino Barbero llegó a imputar a 50 personas. De ellas, solo 12 se sentaron en el banquillo de los acusados por decisión del Supremo. Quedó fuera uno de los políticos, el ex responsable de finanzas del PSOE Guillermo Galeote. Y por supuesto la cúpula del PSOE, su presidente Felipe González y su vicepresidente Alfonso Guerra.
Al final en la sentencia del TS, hubo ocho condenas (de prisión) y tres de ellas lo fueron para cargos o ex cargos socialistas: El entonces senador Josep María Sala, el exdiputado del PSC Carles Navarro, la ex coordinadora de finanzas del partido Aída Álvarez Álvarez, con condena de dos años, cuatro meses y un día.
