domingo, 14 de abril del 2024

Siete años de cárcel para el Coronel de la Guardia Civil que se lucró del tráfico de hachís

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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La corrupción vuelve a salpicar a la Guardia Civil española. La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a siete años y tres meses de prisión y a una multa de 6,1 millones de euros al ex coronel de la Guardia Civil, Francisco García Santaella, de 64 años, primero de su promoción y al que auguraban que llegaría lejos, e iba a ser ascendido a General, por un delito contra la salud pública.

Se le acusa de colaborar con narcotraficantes para permitir la entrada en España de casi 4.000 kilos de hachís a través de la costa granadina, y de cohecho cometido como funcionario público, ya que recibió 120.000 euros y un vehículo de los traficantes a los que facilitó la entrada de la droga procedente de Marruecos.

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La Audiencia granadina juzgó los hechos en julio de 2019 y, en septiembre de ese año, emitió una sentencia por la que absolvía al ex-mando de la Guardia Civil porque, aunque consideraba probados los hechos referidos a las drogas, los daba por prescritos. Surrealista decisión pero así se resolvió.

Sin embargo, en lo referente al cohecho, aceptar dinero como funcionario para realizar o permitir actividades contrarias al ejercicio de la ley o la Administración, el tribunal consideraba que no estaba probada la contraprestación económica. Aducía para ello falta de credibilidad de quienes habían declarado haber pagado el dinero al agente, los narcotraficantes.

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La Fiscalía, la defensa del agente y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que es la que informa, han ejercido la acusación particular en este proceso, y recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Supremo que, en noviembre pasado, obligó a la audiencia a volver a deliberar y emitir una nueva sentencia.

Ahora sí, en esta segunda deliberación se ha producido la nueva condena, que reparte las penas en cinco años de prisión y seis millones de euros de multa por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, y dos años y tres meses de cárcel y 120.000 euros por un delito de cohecho. Esta sentencia puede ser recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo.

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