Escándalo en el juicio por los seísmos de Castor al quedar absueltos los directivos de ACS

Tras sólo quince días de finalizar la vista oral a los ejecutivos de Florentino Pérez, el tribunal compra la tesis de Escal UGS, acusados por responsabilidad tras los más de 500 reiterados sismos, con riesgo para la vida y con ocultación de información a la Administración, juzgando que los terremotos “no se podían prever” y minimizando su alcance.

Florentino Pérez, presidente de ACS y la plataforma del proyecto de Castor.

La justicia politizada/interesada española no es igual para todos. Otro ejemplo es este caso donde la celeridad al resolver el juicio, tan sólo quince días después de dejar visto para sentencia, a los dos ex directivos, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, del proyecto Castor y la empresa mercantil ex concesionaria Escal UGS por supuesto delito ambiental.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a los dos ejecutivos de Florentino Pérez, acusados de supuestas responsabilidades de los más de 500 reiterados sismos, a pesar de la múltiples peticiones para que pararan de diferentes informes técnicos y ciudadanos, que se produjeron frente a las costas de Castellón por las inyecciones de gas en la plataforma Castor, clausurada en 2017.

El tribunal les ha absuelto del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que habían sido acusados –riesgo para la vida con grave deterioro irreversible o catastrófico en la zona y de ocultación de información a la Administración-, sin hacer declaración sobre responsabilidades civiles y declarando de oficio las costas. Fue la asociación Aplaca (Asociación de los Afectados por la Plataforma Castor) la que inició el pleito en un juzgado de primera instancia de Vinaroz.

Este juicio quedó visto para sentencia el pasado día 15 de noviembre, en una vista en la que la fiscal reafirmó su acusación por un delito medioambiental, por incumplir los «decretos de concesión», y las defensas solicitaron la libre absolución de los acusados por considerar que no existían pruebas de cargo y que se produjo en la población una «sugestión inducida».

Así, el tribunal hace suyas, de forma prácticamente total, las tesis presentadas por la defensa a lo largo de la visita oral: asegura que los terremotos difícilmente se podían prever, que no existe consenso científico sobre su causa e incluso minimiza el alcance de los seísmos, descartando que llegaran a producir daños personales ni materiales a la población de las poblaciones cercanas.

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