miércoles, 30 de noviembre del 2022

El TS confirma la sentencia y obliga a las escuelas catalanas a impartir un 25% de horas en castellano

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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El Tribunal Supremo (TS) confirma la sentencia y no ha admitido a trámite el recurso de casación que presentó el Govern de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obliga a las escuelas a impartir un 25% de las horas lectivas en castellano y que hace referencia a la Ley Wert. La noticia se conocía ayer por la tarde a partir de una providencia del citado tribunal.

Esto provocaba la comparecencia de urgencia de los Consellers d’Educació y Cultura, Josep Gonzàlez-Cambray y Natalia Garriga. El primero ha explicado que ha hablado con la ministra de Educación del Gobierno, Pilar Alegría Continente, que le ha transmitido que lo que hace falta es cumplir la Ley Celaá y garantizar el aprendizaje de ambos idiomas, pero sin entrar en porcentajes.

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Gonzàlez-Cambray, ha denunciado que «Esto es un ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado de la realidad sociolingüística de los centros», ha denunciado el conseller, que ha indicado que «los centros deben seguir trabajando como hasta ahora y no deben hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos”.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC decide que este proyecto «no es conforme a derecho», ya que no garantiza que los niños reciban «una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular en proporción razonable». Con esta última decisión, son ya seis los proyectos lingüísticos que han sido tumbados por el TSJC.

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Gonzalez-Cambray también ha espetado que «El TS se extralimita posicionándose en temas pedagógicos». Refiriéndose a que es un tribunal quien interviene ahora en el plan de estudios de Catalunya. Además de añadir que «Para que sea de aplicación la sentencia es necesario que el ministerio de Educación pida su ejecución», cosa que no ha hecho la ministra Alegría.

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