La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que condena por primera vez al autor de un delito medioambiental a dos años y tres meses de prisión por la gestión de un vertedero de residuos ilegal.
Hechos
La Policía Municipal de Madrid se encontraba haciendo un servicio de patrulla en Cañada Real cuando detectó un «pulpo» (maquinaria que se utiliza para recoger chatarra) en el interior de una parcela. No constaba en ese lugar registrada ninguna parcela para la gestión de residuos, por lo que los agentes procedieron a entrar y comprobar de qué se trataba.
Allí encontraron, según recoge la sentencia, «una desproporcionada cantidad de residuos peligrosos por su estado o características que habían sido acumulados, como vehículos abandonados, farolas, tapas de registro». No existían denuncias previas y desde el exterior era imposible saber lo que contenía la finca.
Fue entonces cuando estos agentes informaron a la Policía Judicial de la UMA que fueron quienes se encargaron de inspeccionar ocularmente el lugar y de abrir una investigación sobre los elementos allí encontrados. Fueron ocho las patrullas de la UMA las que tuvieron que desplazarse al lugar para poder llevar a cabo el informe, junto a dos de mando, un subgrupo de la Unidad Central de Seguridad, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, un equipo del Servicio Veterinario Municipal de Urgencias, un camión pluma de Unión Fenosa con cinco operarios para poder llevar a cabo la desconexión eléctrica sin riesgos, y miembros de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
En el lugar se quemaban los materiales por las noches, «para no levantar sospechas».
Informe técnico
El Juzgado de Instrucción número 46 solicitó a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente una valoración del impacto ambiental tanto en el suelo como en el aire y en el entorno. Además se solicitó una valoración económica de los daños ambientales descritos.
En el informe se señala la la presencia y manipulación de sustancias peligrosas en la parcela sin ningún tipo de precaución ni cuidado para el medio ambiente ni para la salud pública.
Los riesgos de la quema de este tipo de residuos son múltiples, pudiendo desencadenar enfermedades tropicales, entre otras.
La sentencia determina la culpabilidad de la persona responsable de esta actividad, siendo condenada a dos años y tres meses de prisión.