El Gobierno podría tomar la medida en base a la ley europea

La Asociación de Consumidores FACUA reclama al Gobierno que imponga durante 6 meses un descuento del 50% en la factura eléctrica PVPC. En base a la normativa europea, se podría declarar vulnerables a la inmensa mayoría de familias, excluyendo únicamente a las de rentas más altas.

Según la legislación actual europea el Gobierno podría aplicar esta decisión y aliviaría de esta manera a las familias españolas que están siendo en estos momentos las que más pagan en toda Europa por las facturas de la luz.

FACUA advierte de que la agresión del oligopolio eléctrico a los consumidores y el pulso que está manteniendo con el Gobierno es lo suficientemente grave como para que haya una intervención contundente en los precios por parte del Ejecutivo de coalición. Se trata de utilizar una capacidad para la que los Estados miembros están facultados por la Directiva 2019/944, de 5 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su artículo 5, la Directiva establece que «los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerable». Estas intervenciones «perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo necesario para lograr dicho interés económico general» y «serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus beneficiarios».

La Directiva da libertad para definir los parámetros por los que un consumidor puede entrar en la categoría de vulnerable. En su artículo 28, dedicado a los «clientes vulnerables», la norma establece que los a los Estados miembros «garantizarán un nivel elevado de protección del consumidor», los mandata para adoptar «las medidas oportunas para proteger a los clientes» e indica que, «en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables». «El concepto de clientes vulnerables podrá comprender los niveles de renta, la proporción de la renta disponible dedicada al gasto energético, la eficiencia energética de los hogares, la dependencia crítica de equipamientos eléctricos por motivos de salud, la edad u otros criterios».

FACUA advierte de que la directiva comunitaria permite una interpretación extensiva que faculta al Gobierno de España para determinar que tras un incremento interanual muy superior al 100% en el precio del kilovatio hora antes de impuestos, los consumidores domésticos sean objeto de una protección temporal que recorte sus facturas en un 50%, porcentaje que debería ser superior en los casos de las familias en riesgo de exclusión social.

Según el análisis de FACUA sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC, el recibo del usuario medio ha alcanzado los 102,71 euros, impuestos incluidos. Se trata de un 53,8% por encima de los 66,78 del mismo mes del año pasado. La subida en un sólo mes alcanza casi los 10 euros: en agosto la factura se situó en 93,10 euros.