miércoles, 30 de noviembre del 2022

Escándalo: Las regularizaciones fiscales hechas por el Rey emérito podrían ser invalidadas

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Estaríamos ante otro escándalo de Estado, para exculpar al su ex jefe, el rey emérito Juan Carlos I. Hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó a Juan Carlos I la apertura de las tres investigaciones sobre su patrimonio por posible delito fiscal antes de que el monarca realizara sus regularizaciones, lo que podría invalidarlas, ya que, según marca la ley, éstas deben realizarse antes de recibir el aviso de la Agencia Tributaria.

Las notificaciones se produjeron en junio, noviembre y diciembre de 2020 a través del abogado del anterior jefe del Estado, Javier Sánchez-Junco, según fuentes de la investigación citadas por el diario El País. En cada uno de los escritos se invitaba al Rey emérito a personarse en las diligencias, pero en ninguno de los tres casos hubo respuesta.

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Las dos primeras notificaciones se produjeron antes de que, el pasado 9 de diciembre, el letrado de Juan Carlos I hiciera público que éste había presentado “sin requerimiento previo”, una regularización fiscal “por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos”; mientras que la tercera se realizó con carácter previo a la segunda regularización que, por valor de casi 4,4 millones, tuvo lugar en febrero de este año.

Por lo que las regularizaciones se produjeron después de recibirse las notificaciones. Esto debería invalidar los ajustes fiscales del monarca. El artículo 305.4 del Código Penal señala que «la regularización neutraliza la acción penal siempre y cuando “se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación [al presunto defraudador] conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

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