La fiscalía ha recurrido la decisión del juez Joaquín Aguirre sobre el traslado del caso contra dirigentes y activistas independentistas catalanes, conocido como Tsunami Democrático.
El juez que investiga el caso Volhov, Joaquín Aguirre, titular del juzgado 1 de Barcelona, pretendía trasladar parte de la causa a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el escrito del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, señala que no se ha hecho por parte del juez ningún tipo de motivación fáctica ni jurídica para el traslado del asunto, apuntando que debería justificarse de manera motivada la decisión.
El pasado mes de junio, el juez Aguirre se inhibió de conocer de la parte de la causa Volhov relativa al Tsunami Democràtic, enviándole el caso a la Audiencia Nacional. Concretamente, lo que tenía que ver con la vinculación del entorno del presidente Puigdemont. La fiscalía señala ahora que no se ha motivado lo suficiente como para llevarlo a cabo.
El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado considera que el auto del juez no recoge calificación jurídica ni los hechos que se atribuye a las personas investigadas, lo que, según él, implica infringir el derecho de las partes no sólo a conocer los hechos que se les imputan, sino también a conocer las razones por las que el juzgado se inhibe en favor de la Audiencia Nacional.
Según esta argumentación del fiscal, se habrían vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva de los investigados. Por esta razón insta al juez a declarar la nulidad del auto de inhibición del pasado mes de junio, y a que dicte una nueva resolución en la que sí se respete el derecho de las partes.
La fiscalía se adhiere así al escrito presentado por Marta Molina, en su recurso contra el envío de la causa ante la Audiencia Nacional, ya que los actos de Tsunami Democràtic investigados responden al ámbito de posibles desórdenes públicos, una materia que no es competencia de la Audiencia Nacional.
El fiscal tampoco comparte el hecho de que la Audiencia Nacional asumiera el asunto, por los motivos señalados. Fue dos días después de dar traslado cuando el juez García Castellón aceptaba mediante un auto la petición de inhibición del juez Aguirre.
