sábado, 13 de agosto del 2022

España al Tribunal de Estrasburgo por la venta de armas al régimen saudí

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Investigadores de distintas ONG de Reino Unido alertan de las graves irregularidades de España en el comercio armamentístico entre esta y Arabia Saudí. Tema que ya superan fronteras. Un grupo de expertos británicos ha llevado a la séptima conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (TCA) un detallado informe sobre las vías para frenar el comercio de armas con el régimen de Salman bin Abdulaziz, según indica Publico. En el caso de España ya es alarmante: se trata del Estado más restrictivo de Europa respecto al acceso a información sobre esa materia.

La opacidad en el multimillonario negocio de la venta de armas a la dictadura saudí ha sido criticada en reiteradas ocasiones por distintas organizaciones de derechos humanos a nivel de España. Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam o FundiPau –integrantes de la campaña Armas Bajo Control– han exigido hasta el cansancio que las autoridades españolas hagan públicos los informes mediante los que se autorizan las ventas de material armamentístico a Arabia Saudí. Además exigen también que esas operaciones se detengan hasta que el régimen ponga fin a los bombardeos a Yemen. 

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Esos reclamos han chocado una y otra vez con el muro del Gobierno. Por un lado, La Moncloa asegura que los protocolos vigentes en torno a las exportaciones de armamento son lo suficientemente garantistas; por otro, sostiene que si se publicasen los informes oficiales sobre cada una de esas operaciones se pondrían en riesgo los negocios con Arabia Saudí, ya que el contenido de dichos documentos podría afectar a la «seguridad» del país comprador y, al mismo tiempo, perjudicaría la credibilidad de España como un vendedor en el que confiar.

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Ese secretismo, amparado en un decreto que aprobó el Gobierno de Felipe González en 1987 al calor de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, genera una mezcla de asombro y preocupación entre los miembros del Grupo de Expertos sobre el TCA, conformado por investigadores de la ONG británica Saferworld, de la Red de Acción Legal Global (GLAN por sus siglas en inglés) con sede en Londres y del Centro de Derecho Internacional de Manchester.

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