domingo, 14 de agosto del 2022

El sindicato de técnicos de Hacienda denuncian las trabas para hacer su trabajo

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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La ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha sido aprobada en el Senado y sigue su camino hacia la final aprobación. Sin embargo, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda han denunciado el vacío que existe en esta redacción, donde no se les ha permitido ampliar sus competencias para llevar a cabo su trabajo con el objetivo de investigar las evasiones fiscales de las empresas multinacionales así como la evasión de grandes fortunas.

Fueron dos las enmiendas presentadas en en este sentido por las formaciones de ERC y de Bildu y del grupo de Izquierda confederal, donde se proponía la creación de un cuerpo específico de técnicos de Hacienda, que tendría funciones tendentes al inicio, desarrollo y propuesta de resolución o resolución en su caso de los expedientes administrativos y sancionadores relativos a la gestión, inspección y recaudación del sistema tributario estatal y del sistema aduanero, gestión en materia de contabilidad pública, función interventora y de control financiero y auditoría en el Sector Público y la gestión catastral, exceptuando aquellas para las que sea necesario tener un titulo facultativo. Con esta enmienda se habría podido ampliar la responsabilidad de los funcionarios del grupo A en un 83%. Sin embargo no salió adelante.

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Según denuncian en el sindicato señalado, después de 28 años de vigencia de la AEAT, los técnicos de Hacienda solamente pueden investigar a particulares, autónomos y a la mitad inferior del tramo de las pequeñas empresas. 

El hecho de no darles más competencias, supondrá que no haya manera de frenar la pérdida de dinero público, valorado en 38.000 millones de euros que provoca la economía sumergida española. 

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