El Consejo de Europa está a punto de decir la suya sobre el Procés. Por ese motivo el Gobierno español ha intentado rechazar la resolución, y sin decoro ha modificado términos importantes sobre el mismo, que este lunes debatirá y probablemente aprobará la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, en la que están representados 47 países.
Aunque el informe ha sido considerablemente suavizado y se han eliminado términos como “amnistía” o “exiliados” que figuraban en su redacción original, el Ejecutivo considera “inadmisibles” algunas de sus recomendaciones, como la de retirar las demandas de extradición contra Carles Puigdemont y los demás exiliados del 1-O; o archivar los casos abiertos contra otros investigados por el referéndum independentista.
Para Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente de la asamblea, estas recomendaciones vulneran el principio de separación de poderes y la independencia de los tribunales, pues solo los jueces pueden retirar demandas de extradición o archivar causas pendientes.
Menos trabas ha puesto el PSOE a la recomendación de perdonar o liberar por otros medios a los presos políticos catalanes; y a la de reformar el delito de sedición para evitar “penas desproporcionadas por vulneraciones no violentas”, pues el Gobierno ya ha anunciado pasos en ambas direcciones.
