El Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa (COE), por sus siglas en inglés, Council of Europe Committee on Legal Affairs, pide a España que «suelte o libere» los presos políticos catalanes y que retire las peticiones de extradición contra el ex Carles Puigdemont y los ex consellers en Bélgica. Redactada por un ponente que ha hecho una investigación sobre el terreno, la resolución también reclama la reforma de los delitos de rebelión y sedición para evitar «penas desproporcionadas por transgresiones no violentas» o para criminalizar «la organización de un referéndum ilegal legal «. El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del COE ha aprobado este jueves el texto que se debatirá en la Asamblea Parlamentaria a finales de junio.
La resolución también pide a las autoridades españolas que «se abstengan de exigir a los políticos catalanes presos que renieguen de sus profundas opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de indulto». «Sin embargo, se les puede exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales», matiza la resolución. Por otra parte, el Comité reclama a España que retire la acusación contra el resto de cargos de bajo rango en la causa del 1-O. «También que se abstengan de sancionar a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que sólo expresan su solidaridad con los detenidos», dice el texto, en referencia al ex Quim Torra.
Además, cree que sólo se puede condenar por malversación de fondos cuando se puedan «cuantificar las pérdidas reales» para el Estado. Igualmente, la resolución insta al estado a abrir «un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Catalunya, incluido los que se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española». Finalmente, el comité remarca «como punto positivo» que los tribunales españoles absolvieran al cabo de los Mossos Josep Lluís Trapero, así como otros miembros de la sindicatura electoral del 1-O.
El diputado socialista letón, Boriss Cilevics, ha realizado el informe durante un año y medio durante el cual ha visitado Madrid y Barcelona. La resolución llamada ¿’Los políticos deberían ser procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?’ También habla sobre la situación en Turquía.
La resolución aprobada en el Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa reconoce que España «es una democracia viva» donde «la mera expresión de visiones independentistas no da pie a una persecución penal». También respeta «la independencia de los tribunales españoles» a la hora de resolver los recursos pendientes. «Sin embargo, varios políticos catalanes han sido acusados y condenados a largas penas de prisión por delitos de sedición y, entre otros, por declaraciones hechas durante el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional (…) y para llamar a la participación en las protestas masivas en torno este acto», dice el texto, que no dice explícitamente que los condenados del 1-O sean presos políticos. Tampoco que no lo sean.
La resolución sólo recuerda que se consideran presos políticos «los políticos detenidos por haber hecho declaraciones en el ejercicio de sus mandatos políticos que respeten los límites de libertad de expresión». «No se protegen los discursos de odio que toleren la violencia contra personas o grupos por motivos de raza, origen, religión u opiniones políticas, así como las llamadas al derrocamiento violento de las instituciones democráticas», puntualiza el informe.
El Comité de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos celebra que en España haya «un debate intenso» sobre los delitos de rebelión y sedición. Destacan que hay «dudas» sobre su aplicación para casos de «protestas pacíficas». «Esto ha requerido interpretaciones innovadoras, como la noción de» violencia sin violencia «desarrollada por la fiscalía, según la cual el gran número de manifestantes ejercían coacción psicológica sobre los agentes de policía que los estaban enfrentando, y de un significado muy amplio dado el término «insurgencia tumultuosa», apunta el texto. En una nota, el ponente que ha elaborado el informe cuestiona que los presos sean «los autores de un levantamiento tumultuoso sólo por su cuenta». «Si las protestas masivas como tales son ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión y reunión, como dice el Tribunal Supremo, entonces esperaría que esto se aplique también a aquellos que organizaron y convocaron estas protestas», remacha Cilevics .
Así, considera que la interpretación que ha hecho el Supremo del delito de sedición «podría penalizar la organización de protestas pacíficas». «El tribunal de Estrasburgo tendrá la última palabra al respecto», concluye.
