La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratadas para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, elimina cualquier norma anterior, estatal o autonómica que se oponga a esta y en la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril de 2016 y en el RGPD.
De este modo, la normativa sobre videovigilancia, o la normativa sobre cesión de datos entre policías han pasado a la papelera de la historia, y especialmente ficheros de «sospechosos habituales», de activistas, y chiringuitos varios como podrían ser las comisiones de videovigilancia autonómicas o las limitaciones que interior imponía a las policías locales y autonómicas.
Que lo tengamos claro, es una liberalización responsable de trabas administrativas. Es la implementación que a partir de ahora los policías son europeos antes que españoles. La L.O.7 / 2021 es, en realidad, una estandarización europea de calidad y seguridad de los datos policiales, ya que el nuevo jefe está en Bruselas, o mejor dicho en Tallin.
